La ministra Loretta Ortiz Ahlf confirmó que el pleno de ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no discutir la prisión preventiva oficiosa, al considerar “suicida” el debate, por la falta de consenso y diagnóstico de consecuencias, como abrirle la puerta a miles de personas detenidas. La tarea quedará para la siguiente integración, que inicia funciones el primero de septiembre.

Ortiz Ahlf calificó de “muy ilusorio” el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, que propone replantear la figura penal para justificarla, pues implicaría un cambio constitucional que sólo compete al constituyente. Propuso que los legisladores reformen la ley para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que declaró inconvencionales la prisión preventiva y el arraigo. “Se decidió, lo decidimos en el pleno, no resolverla en esta conformación, porque había muchas diferencias de criterios. O sea, era suicida enfrentarnos ahorita, someter a la prisión preventiva oficiosa cuando no había los consensos entre los integrantes de la Corte”, explicó en un encuentro con medios de comunicación desde su oficina del máximo tribunal.

En la Corte hay dos proyectos sobre el tema. El primero, de Jorge Mario Pardo Rebolledo, propone eliminar la prisión preventiva automática y el arraigo, en cumplimiento de la sentencia de la CoIDH. Ortiz señaló que hay posturas divididas, pues aunque la figura está prevista en el artículo 19 constitucional, resulta contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El segundo proyecto, de Ríos Farjat, es “ilusorio” porque implicaría un cambio constitucional y la liberación de miles de personas. “El problema que tiene es el siguiente: es poco realista que podamos hacer lo que propone... todo está en la garantía constitucional 14 de no aplicación retroactiva. Entonces... todos los que entraron con prisión preventiva oficiosa, si se admite esta acción de inconstitucionalidad, saldrían, sin poder tener control de nada”, explicó.

Ortiz Ahlf destacó que México debe acatar la sentencia de la CoIDH y que la tarea también corresponde al Legislativo, que debe incluir reglas transitorias para evitar liberaciones automáticas y sobrecarga judicial.

Lo ideal sería que el constituyente modifique el artículo 19 para acotar delitos y convertir la prisión preventiva de oficiosa a justificada, conforme a estándares internacionales. “Tiene que pensarse, pero a cuidado. Nosotros no podemos legislar... Yo puedo decir que es inconstitucional, pero yo no puedo legislar”, expuso.

Por otra parte, la SCJN publicó la lista preliminar de la sesión extraordinaria del pleno del 19 de agosto, sin incluir los proyectos sobre prisión preventiva y con un solo asunto electoral.