En el reciente traslado de 26 miembros de organizaciones criminales a Estados Unidos no se aplicó la Ley de Extradición, sino el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, afirmaron los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Es una determinación soberana” y por determinación del Consejo de Seguridad Nacional, subrayaron.

El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional establece, entre otros puntos, que “son amenazas a la seguridad nacional: actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”.

Gertz Manero y García Harfuch aseguraron que el gobierno mexicano llegó a un acuerdo con la justicia estadunidense para que no se aplique la pena de muerte a ninguno de los 55 miembros de cárteles de las drogas que fueron trasladados a Estados Unidos en dos grupos, el primero de ellos en febrero y el segundo el martes pasado.

Los integrantes del gabinete de seguridad señalaron que los 26 capos llevados a Estados Unidos el martes, “aun privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no se pueden prohibir por respeto a sus derechos humanos”.

En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la SSPC en la Ciudad de México, y en la cual estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Pedro Morales Ángeles, García Harfuch expresó que las visitas que recibían los delincuentes “eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”.

Gertz Manero explicó que “esta acción va dirigida a toda la delincuencia que opera contra dos países. Para ello existen las leyes, la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y la Convención de Palermo. Hay toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía”.

García Harfuch seguró que “muchos” de los entregados, entre los que se encontraban ex líderes de organizaciones como La familia michoacana, Los Zetas y el cártel de Sinaloa, “habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada”.

Los 26 capos que fueron trasladados a territorio estadunidense se encontraban recluidos en cinco centros penitenciarios federales y cuatro estatales. A decir de los integrantes del gabinete de seguridad, todos “contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada”.

Los delincuentes de alto nivel fueron entregados a la justicia estadunidense en Nueva York; San Diego, California; Phoenix, Arizona, y Dulles, Virginia.