Quito. La Corte Constitucional de Ecuador denunció ayer la militarización de su sede y la “estigmatización” de sus jueces, cuyos rostros fueron expuestos en las calles de Quito durante protestas encabezadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa contra el alto tribunal.

Vestido con chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a cientos de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.

Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas para defender al país de la violencia del narcotráfico.

“Estos son los jueces que nos están robando la paz”, se podía leer en una de las múltiples vallas que bordeaba las calles de Quito, con fotografías y nombres de nueve magistrados del tribunal.

En un comunicado, la Corte Constitucional denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual con cientos de efectivos de las fuerzas armadas”.

También rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo contra su seguridad” y “afecta directamente la independencia de este organismo”.

El alto tribunal suspendió tres leyes impulsadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y señalamientos de que podrían afectar derechos fundamentales.

En total son 17 artículos, los más importantes relacionados con una ley de inteligencia, que permite vigilancia e interceptación de llamadas sin orden judicial, y con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal.

“Nuestros policías y militares se sienten desprotegidos, abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, afirmó Noboa, megáfono en mano.

“No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, añadió el mandatario conservador, en el poder desde 2023 con una política de mano dura contra el narcotráfico.

Críticas de la ONU

La sede de la corte estaba rodeada de soldados y policías.

“Apoyamos al presidente de la República, estos señores (los jueces) hacen lo que les da la gana, obstaculizan las leyes que nos favorecen a los ecuatorianos”, declaró a la Afp Manuel, un constructor de 70 años que prefirió no dar su apellido.

Algunas personas también salieron a protestar contra el gobierno.

“Vivimos en una dictadura al ver a estos jueces como si fuera una lista de los más buscados”, acusó Daniel Granja, de 30 años y empleado del sector privado.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador.

“Las autoridades deben garantizar la independencia de la corte y la seguridad de los jueces y el personal”, escribió en X.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó las acciones para “amedrentar” a la Corte Constitucional, lo que consideró “propio de regímenes autoritarios.

“La exhibición pública de los jueces constituye una amenaza directa a su independencia, pone en riesgo su integridad y vulnera la separación de funciones establecida en la Constitución”, expresó en un comunicado.