La Fiscalía General de la República (FGR) investigará los presuntos sobornos que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga habrían entregado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos, de acuerdo con la empresa pública.

La Jornada preguntó al área de Comunicación Social de la petrolera sobre cuáles serán las medidas que tomaría Pemex en el caso. Respondió que “el tema lo lleva la FGR; no habrá más información por ahora”.

De acuerdo con los informes anuales de los últimos cinco años que Pemex presentó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), en ninguno menciona tener conocimiento sobre estos casos.

No obstante, en los mismos reportes que entrega Pemex reconoce, como parte de las vulnerabilidades de su negocio, que si bien cuenta con distintas herramientas y sistemas para evitar corrupción, “corremos el riesgo de que nuestra gerencia, empleados, contratistas o cualquier persona que haga negocios con nosotros incurra en actividades fraudulentas, corrupción, soborno u otras conductas indebidas, que eluda o anule nuestros controles y procedimientos internos o se apropie indebidamente o manipule nuestros activos en nuestro detrimento”.

La empresa señala en cada informe anual que el riesgo de corrupción es alto debido a que tiene un gran número de contratos con terceros locales y extranjeros.

“Si bien contamos con sistemas y políticas internas para identificar, monitorear y mitigar estos riesgos, dichos sistemas y políticas han fallado en el pasado y podrían no ser efectivos en el futuro”, señala.

Pemex también ha advertido que no puede garantizar que las políticas anticorrupción sean totalmente efectivas para prevenir conductas ilícitas de sus trabajadores.

También asume que “cualquier incumplimiento, real o aparente, de las obligaciones regulatorias o de gobernanza” puede afectar su reputación, limitar su capacidad para obtener financiamiento, su situación financiera o tener otros efectos adversos.

Este año Pemex incluyó entre sus riesgos los cambios de la política estadunidense hacia las organizaciones criminales internacionales, y advirtió que “los posibles efectos directos e indirectos en las empresas estadunidenses y mexicanas son inciertos”.

Recordó que el pasado 20 de enero el gobierno de Donald Trump designó a seis cárteles de la droga en México organizaciones terroristas extranjeras, por lo que se ampliaron las herramientas para que las autoridades estadunidenses procesen a los miembros de esos grupos o a las personas o entidades que presuntamente les hayan brindado apoyo. Cabe destacar que Rovirosa Martínez también fue señalado por presuntos nexos con cárteles.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los dos empresarios señalados en esta ocasión entregaron a funcionarios de Pemex y de la extinta Pemex Exploración y Producción (PEP) obsequios valuados en 150 mil dólares a fin de conseguir para sus empresas contratos por 2 millones 500 mil dólares.