El general en retiro Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, obtuvo la protección de la justicia federal, que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) publicar un nuevo acuerdo en el que señale si permitirá o no a la defensa del militar tener acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos.

Según las indagatorias, León Trauwitz y una red de complicidad incumplieron los protocolos para inhabilitar tomas clandestinas en los poliductos Minatitlán-México y Madero-Cadereyta entre 2015 y 2016, lo cual generó un daño superior a 25 mil 193 millones de pesos y la sustracción ilegal de mil 847 millones 46 mil 374 litros de combustibles.

Francisco Javier Sarabia Ascencio y Juan José Olvera López, magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal, así como un secretario en funciones de magistrado, confirmaron el fallo de un juez de distrito, que en marzo pasado otorgó el amparo al general en retiro, con el cual reclamó el acuerdo del 15 de mayo de 2024, en el que se niega a tener por designados a los abogados defensores nombrados por el suscrito y, como consecuencia de ello, la vulneración al derecho del debido proceso en su vertiente de una defensa adecuada y los efectos que del mismo se siguen ocasionando.

El colegiado argumentó que fue correcto conceder el amparo toda vez que la agente del Ministerio Público Federal, titular de la célula A-I-5 de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, al dictar el acuerdo del 15 de mayo de 2024, no satisfizo los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, ya que no citó fundamento legal alguno y tampoco expuso argumentos eficaces que justifiquen acordar en forma negativa la solicitud que se le planteó.

En la sentencia recurrida, José Elías Pacheco Martínez, juez decimosexto de distrito en materia penal en la Ciudad de México, concedió la protección constitucional al quejoso tras estimar que transgrede en su perjuicio su derecho fundamental a la seguridad jurídica tutelado por el párrafo primero del artículo 16 constitucional, dado que no se encuentran fundados ni motivados los argumentos del Ministerio Público Federal.