Quito. Tras la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de suspender la aplicación de tres leyes, el presidente Daniel Noboa lanzó este martes una propuesta para una consulta popular, que en lo medular plantea al pueblo que los integrantes de esa instancia judicial sean objeto de juicio político, eliminar el Consejo de Participación, acabar con el financiamiento público a los partidos políticos, reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional y permitir la instalación de bases militares extranjeras, entre lo más importante de las siete preguntas a dirimirse el próximo 14 de diciembre.

Esta sería la segunda consulta popular planteada por Noboa. El 21 de abril de 2024, se hizo una con 11 preguntas enfocadas a seguridad, justicia y empleo. El Sí ganó en nueve de ellas, incluida la extradición de ecuatorianos, el control militar en cárceles y el endurecimiento de penas por delitos graves. El no se impuso en dos preguntas clave: el contrato por horas y el arbitraje internacional.

Desde hace dos meses, la Corte Constitucional recibió más de dos docenas de demandas para impedir la aplicación de las leyes de inteligencia, integridad pública y solidaridad, ya que se considera que violan principios fundamentales de la Constitución y de convenios internacionales de defensa a los derechos humanos.

Incluso, la ley de integridad pública obligaba que algunas cooperativas de ahorro y crédito se transformen en bancos. En la propuesta de inteligencia se permitía la intervención de llamadas telefónicas y de datos de cualquier persona sin necesidad de orden judicial.

Frente a todo ello, Noboa y sus medios aliados, iniciaron una campaña de desprestigio contra la Corte Constitucional, cuyos vocales gozan de inmunidad y no son sujetos de juicio político en la Asamblea Nacional. La respuesta de una consulta popular para eliminar ese supuesto privilegio sacudió el ambiente político y en las redes sociales, porque se considera que con ello el presidente ecuatoriano quisiera destituir a los constitucionalistas con la actual mayoría legislativa que siempre vota a su favor.

Sin embargo, según ordena la legislación ecuatoriana, la misma Corte Constitucional debe calificar las preguntas de la consulta y de hacerlo Noboa tendría vía libre para la campaña sobre estos temas. Pero ya hay una resolución de ese mismo órgano judicial que impide que cambios en la estructura general del Estado se hagan vía consulta popular, sino que debe efectuarse un pronunciamiento constitucional de la Asamblea Nacional.

Vieja demanda

Casi tres años después de haber dicho no en una consulta propuesta por el entonces presidente Guillermo Lasso, los ecuatorianos deberían pronunciarse otra vez sobre la posibilidad de reducir el número de asambleístas.

Para Lasso lo ideal era contar con 100 asambleístas y con ello evitar el gasto en sueldos, no sólo de los legisladores, sino también de asesores y asistentes.

En 2007, el Congreso estaba conformado por 100 diputados. En 2009, ya con el nombre de Asamblea, la cifra pasó a 124 asambleístas. En 2013 ese número subió a 137, con los datos del censo de población de 2010. En mayo pasado se incrementó a 151, por el resultado del censo de 2022.

Lo que no ha dicho Noboa ni sus voceros es cuántos asambleístas quedaría en la conformación legislativa. Sí ha explicado en varias entrevistas y discursos la eliminación del financiamiento público a partidos, bajo el argumento de que el Estado no puede destinar recursos para fines políticos de organizaciones que no ganan elecciones.