ás allá de las banales celebraciones presidenciales por la equivocación del Fondo Monetario Internacional en su predicción del desempeño de nuestra economía, tenemos la terca realidad y su puntual entrega del Inegi. A esta realidad no le quitan el sueño las frivolidades corrientes de los viajeros de verano, pero tampoco se conmueve por los errores en que hayan incurrido el FMI y otras agencias internacionales al prever el crecimiento económico para el año.

Como acostumbra, el instituto dio a conocer sus datos sobre el empleo. De acuerdo con los resultados de la ENOE, en junio los mexicanos que formaban la población económicamente activa sumaron 61.8 millones de personas, lo que representa una tasa de participación económica de 59.8 por ciento; de ellos, 27.2 millones están en condiciones de formalidad (45.2 por ciento) y 33 millones (54.8 por ciento) en la informalidad.

“De 2018 a 2023 –escribió Luis Miguel González, director de El Economista, en una sugerente nota de estructura– crecieron más rápido las unidades económicas que están en la informalidad. Eran 62 por ciento del total en 2018 y ahora son 64.3 por ciento (…) Cada año se agregaron 85 mil 166 unidades económicas a la informalidad (…)

La formalidad creció más lentamente. Eran 1 millón 795 mil 259 unidades en 2018 y llegaron a 1 millón 952 mil 141 en 2023. En cinco años el número creció 156 mil 882. (Luis Miguel González, “El Censo Económico 2024 nos entrega ‘los otros datos’”, El Economista, 25/7/25).

Vistos así, los datos sobre el desempeño y la calidad del trabajo en nuestro país no pueden llevar al optimismo. Los números hablan de una economía que no está bien, a pesar de sus evoluciones positivas, cuyos engranajes están oxidados, que tiene años de escaso crecimiento y cuya atención ha sido pospuesta una y otra vez; nos hablan de una numeralia que, por su innegable peso en los grandes números de la comunidad nacional, debería llevarnos a matizar el tono y contenido de los discursos presidenciales sobre la marcha de nuestra economía, que poco contribuye a incrementar el trabajo en condiciones dignas y con buenos salarios como vía frente a la pobreza, como demuestra con claridad Rogelio Gómez Hermosillo en su artículo Buena noticia: mayor ingreso por trabajo, pero... (El Universal, 1/8/25).

Por alguna razón, el discurso público mantiene como consigna aquella tristemente célebre frase de Jaime Serra Puche cuando, siendo secretario de Comercio, postuló que la mejor política industrial es la que no existe. Y así ha sido hasta la fecha. Se empeñan millonarios recursos en proyectos mal planeados y peor pensados, sin preocuparse por una mínima planeación que oriente un rediseño productivo que considere, específicamente, a las regiones atrasadas y a los grupos poblacionales mayormente excluidos, particularmente los jóvenes y las mujeres.

México tiene que recuperar la idea misma de la política industrial, así como apresurarse en refundar las prácticas que le son propias. Tenemos que aumentar sustantiva y sostenidamente la inversión pública y privada sin desatender renglones básicos que, en parte, han quedado al descubierto. Tanto en la capacitación técnica y la formación de cuadros de dirección y programación, como en la decisiva educación básica; tenemos vacíos enormes que reclaman acción inmediata. Una política industrial que forme parte de un reconocimiento social y político general que al tiempo que incluya la inclusión social y la sustentabilidad ambiental, contribuya a fortalecer ramas, cadenas y polos productivos.

Adoptar políticas regionales y sectoriales de reconversión y apoyo –en particular, una estrategia de desarrollo regional y de inversión en infraestructura– sean capaces de ir cerrando las brechas regionales y estatales, de la desigualdad socioterritorial. No hay nearshoring en esta agenda. Mucho menos friend shoring. La competencia es y será feroz y así tendremos que verlo.

Reivindicar nuestra vocación desarrollista implica traer a la mesa de la conducción nacional principios de amplio espectro, global y local. Así podríamos presumir de hacer nuestros principios como los previstos en el derecho al desarrollo consagrado por la Asamblea General de la ONU. No es tarea fácil, menos lo será sin dar los primeros pasos.