Martes 15 de julio de 2025, p. 24
Guadalajara, Jal., Burócratas jubilados, agrupados en la recién creada Asociación para el Futuro de los Pensionados, presentaron un pliego de denuncias y exigencias a diputados locales y al gobernador emecista Pablo Lemus con el objetivo de poner fin a la discrecionalidad en el manejo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
Entre otros aspectos, la agrupación busca una reforma a la Ley de Pensiones en la que participen los distintos gremios de jubilados del sector público estatal o municipal a través de un movimiento jurídico y social autónomo que impida continúe el deterioro de su patrimonio, lo cual, aseguraron, se ha intensificado en la actual administración y la pasada, de manera impune.
Otro de los propósitos es sancionar a los responsables de numerosas irregularidades que han detectado y afectan el patrimonio pensionario; que exista transparencia plena en el manejo financiero que hace el Ipejal y garantizar la prestación oportuna de servicios, principalmente los médicos.
Para ello, la enmienda deberá incluir representantes de los pensionados, con voz y voto, en el consejo de administración de dicho organismo, que en la actualidad y tras una reforma a modo
en 2009, sólo tiene seis lugares, cuatro para autoridades y dos para representantes sindicales, con decisiones que se toman en la opacidad.
Iván Ilich González, secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y quien tiene uno de los dos asientos sindicales en el consejo, recibió 374 mil 586 pesos del erario en 2020 por un contrato de servicios, otorgado por Juan Partida Morales, entonces secretario de Hacienda y actual director del Ipejal.
Hasta antes de la reforma de 2009, los diputados con su voto tomaban las decisiones importantes dentro del Ipejal, lo que quedó acotado a los seis lugares ya descritos y dio paso a la discrecionalidad que, denunciaron, incluye temas como las Villas Panamericanas; un edificio en la plaza Tapatía en Guadalajara que adeuda cientos de millones de pesos; inversiones en fondos de alto riesgo o venta a precio de ganga de terrenos valuados hasta un 80 por ciento debajo de su valor comercial.
Los miembroos de la Asociación para el Futuro de los Pensionados también solicitaron una auditoría general y la publicación de actas del consejo de administración para asegurar la dignidad de su vejez, aunque saben muy bien que se enfrentan a intereses políticos y falta de sensibilidad como ha sido recurrente desde la enmienda.