La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer una fracción del Código Penal de Morelos que permitía llevar a prisión hasta por cuatro años a quien no garantizara a su mascota ciertos estándares de bienestar emocional y conductual.

Con ocho votos a favor y uno en contra, el pleno anuló la fracción decimasexta del artículo 327 de ese código, por considerar que su redacción era ambigua y que además violaba el principio de última razón del derecho, es decir, que el derecho penal debe usarse sólo cuando no hay otra opción.

La invalidez no implica impunidad para los agresores de animales, ya que el propio artículo 327 cuenta con otros 15 supuestos que se mantienen intocados y que sancionan penalmente muchas conductas contra las mascotas, como no brindarles atención veterinaria adecuada, suministrarles drogas sin fines terapéuticos, mutilarlos sin fines de salud, abandonarlos injustificadamente, la práctica de riñas y la tortura y los sufrimientos innecesarios, explicó la ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa.

La norma invalidada estipulaba penas de prisión para quienes impidieran a sus mascotas realizar acciones esenciales para su bienestar, como el contacto social con otros animales o seres humanos, así como la posibilidad de expresar comportamientos naturales, como correr, saltar o hacer ruido.

Siete de cada 10 sufren maltrato en México

El proyecto original de la ministra Esquivel sólo señalaba que la norma era poco clara y violaba la seguridad jurídica. Sin embargo, fue modificado porque la mayoría de los ministros consideró que también rompía con el principio de mínima intervención en el derecho penal, ya que imponía cárcel de seis meses a cuatro años, cuando el legislador podía imponer sanciones administrativas o civiles.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf reconoció la gravedad del problema de maltrato animal en México y citó información del Instituto de Estadística y Geografía, según la cual siete de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de algún tipo de maltrato, y en Morelos se han recibido más de 50 denuncias diarias por este motivo; sin embargo, coincidió Ortiz en que la norma impugnada ante la Corte violaba el principio de seguridad jurídica.