El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y sus suegros, Luisa María Cantú Aranda y Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, solicitaron protección contra cualquier orden de aprehensión, comparecencia y posibles actos de tortura que pudieran ejercer en su contra.

En un recurso presentado ante el juzgado 7 de distrito con sede en Reynosa, Tamaulipas, se les concedió una suspensión contra los mandamientos judiciales o ministeriales –no así por actos de tortura pues están en libertad–, y en su demanda involucran actos de autoridad que pudieran ser ejercidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía neoleonesa, como parte de las investigaciones en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos públicos.

En ese contexto, dentro del juicio de amparo se solicitó información a todas las áreas de la FGR, y según fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF) se entregaron datos de al menos una indagatoria en el ámbito federal contra el mandatario de Nuevo León y algunos de sus familiares.

El juicio de amparo 105/2025 fue presentado el 15 de enero, y entre otros hechos se reclama la apertura de juicio político que, han señalado, se pretende contra Samuel García.

En su acuerdo de tramitación se señala que en la demanda se pide la protección de la justicia federal contra actos “como privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial, la tortura por autoridades responsables y la desaparición forzada de personas; sin embargo, no ha lugar a conceder la suspensión de plano para los efectos que se solicita, pues de la propia demanda de amparo también se advierte que los quejosos no se encuentran privados de su libertad.

Y respecto de los actos de tortura no se concede la suspensión de plano, porque derivan de la persecución política que se reclama como acto destacado.

Para el otorgamiento de la suspensión, los solicitantes del amparo entregaron una garantía de un millón de pesos el pasado 31 de enero, de acuerdo con los registros del PJF.