En el Senado avanzó en comisiones la reforma que tipifica en la delincuencia organizada el cobro del derecho de piso e impone una pena hasta de 12 años de prisión a ese ilícito, que en 2021 afectó a 67 mil 600 empresas y particulares, víctimas de tal extorsión.

El dictamen, que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se aprobó en la reunión de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, que presiden los morenistas Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino de la Peña.

Se busca sancionar a quien coaccione a personas físicas o morales para obtener recursos pecuniarios, en especie o de cualquier otra índole, para sí o para otro, a cambio de no interferir en que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, mediante el amago, el empleo de la fuerza o cualquier otro medio de amenazas.

El cobro de piso será sancionado cuando se realice de manera directa o mediante cualquier dispositivo o tecnología, hacia la persona, a miembros de su familia, trabajadores o propiedades.

Por otra parte, durante la sesión de ayer se aprobó con modificaciones una minuta con reformas a la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, lo que se conoce como precursores.

El senador Rafael Espino (Morena) expuso ante el pleno que la intención es mitigar los riesgos a la seguridad nacional al limitar el uso y circulación de estos materiales, especialmente aquellos susceptibles de emplearse en la fabricación directa o indirecta de armas químicas. El dictamen fue avalado por unanimidad y devuelto a la Cámara de Diputados.