Los asesinatos de candidatos y candidatas a puestos de elección popular son resultado de la ineficiencia de los aparatos de seguridad del país, especialmente en labores de inteligencia y prevención, y ponen en riesgo a la democracia, por los posibles efectos inhibitorios del voto, que aún no se han estudiado, advirtieron académicos universitarios. María del Pilar Hernández Martínez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó que este fenómeno de violencia política se remonta a 15 años atrás y lamentó que en casos de agresiones recientes haya habido descoordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales, a propósito de si las candidatas atacadas habían pedido o no protección ante amenazas previas.