En un hecho sin precedente en el árbitro electoral, la persona responsable del Órgano Interno de Control (OIC) ocupó un espacio en la mesa del Consejo General para responder – en 12 minutos– 17 preguntas de los consejeros.

El episodio ocurrió porque la consejera Norma de la Cruz envió un cuestionario a Luis Oswaldo Peralta Rivera, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del OIC –encargado de despacho de esa contraloría– para que puntualizara las debilidades estructurales administrativas del INE.

En la sesión, las respuestas fueron cortas, por el límite del tiempo, y el responsable alcanzó a contestar 14; sin embargo, en el documento enviado a la consejera se advierten debilidades en las contrataciones y se sugiere abandonar el presupuesto inercial y avanzar al presupuesto base cero.

Lo anterior significa que el INE cada año pide más dinero y no justifica adecuadamente sus necesidades.

En respuesta a una de las nueve preguntas, relacionada con la gestión de la presidencia anterior, el funcionario señaló que el instituto tiende a dejar buena parte del presupuesto para el último trimestre del año, para no devolver los remanentes a la Tesorería de la Federación.

Otro punto que sigue como inercia del INE, detectado en las auditorías de 2008 a 2022, es la estrategia seguida para contratar personal que no cumple con el perfil. Carecieron del rigor técnico y metodológico para sustentar y acreditar documentalmente el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en la normativa.

En la mesa, los consejeros Jaime Rivera y Martín Faz optaron por preguntar por qué el OIC había ordenado estudios de mercado en las licitaciones para determinar proveedores de las prendas para los capacitadores electorales.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a punto de cumplir un año en el cargo, se comprometió a seguir atendiendo las recomendaciones del OIC, en particular lo relativo a las debilidades estructurales que vienen de años atrás.