ué fue del peor desastre ambiental de la industria minera del país (6 de agosto de 2014) y del fideicomiso creado para remediar el ecocidio provocado por Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi? Pues resultó en otra tomadura de pelo para mantener impune al propietario de ese consorcio, el barón Germán Larrea, que derramó más de 40 mil metros cúbicos de desechos altamente tóxicos, vertidos en los citados ríos que contaminaron aguas y suelos, provocaron la muerte de ganado, arrasaron con cultivos y afectaron a siete municipios y a más de 24 mil sonorenses en un radio de 270 kilómetros.

Sin embargo, la versión oficial (en tiempos de Peña Nieto) fue que el impune Germán Larrea y su empresa cumplió al aportar 2 mil millones de pesos para tal remediación. Y colorín colorado, el ecocidio (el peor desastre ambiental, frase del secretario peñanietista del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud) se ha acabado.

Y como este asunto se resolvió para bien, a mediados de febrero de 2017, apenas dos años y medio después de su creación, el gobierno de Peña Nieto acordó con Larrea (sin considerar a los 24 mil afectados) la extinción total del Fideicomiso Río Sonora (con un remanente no utilizado de 40 por ciento con respecto a los recursos en él supuestamente comprometidos), dada la prontitud (Semarnat, dixit, en tiempos del copetón) con la que el barón atendió las afectaciones ocasionadas por el derrame de sulfato de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi. Listo: lavado exprés de manos, manto protector del gobierno federal e impunidad garantizada para que el barón continúe regando tóxicos por toda la República.

El devastador derrame de tóxicos se registró el 6 de agosto de 2014 y es la fecha que no se remedian los daños ecológicos, económicos y sociales causados por Grupo México, porque así lo dispusieron Peña Nieto y su pandilla, siempre con el fin de que Larrea siguiera haciendo de las suyas sin complicación alguna.

Pues bien, con pasmosa lentitud, el pasado viernes la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 4T divulgó su dictamen diagnóstico ambiental Río Sonora, relativo al gracioso colorín colorado decretado por Peña Nieto y en él subraya que persiste la presencia de contaminación en agua, aire, flora y fauna, además de metales pesados por arriba de la norma a pesar de la remediación posterior al derrame de sulfato de cobre acidulado ocurrido el 6 de agosto de 2014.

La dependencia del Ejecutivo federal subraya que “dicha remediación no fue suficiente, por lo que se impulsarán las acciones necesarias desde el gobierno de México para que la entidad responsable del desastre (Grupo México) cumpla con la reparación del daño… Como consecuencia, a nueve años prevalecen concentraciones de metales pesados en el agua del río por arriba de los niveles recomendados, además de un acaparamiento y sobrexplotación de 59.7 por ciento de acuíferos en la zona, atribuible a la actividad minera… El análisis de impacto ambiental a lo largo de la cuenca del río Sonora revela la presencia de mercurio en el aire, en niveles por arriba de la norma, así como acidez en el suelo y que pueden permitir movilización de elementos como el aluminio, mientras se observó la disminución de algunas comunidades biológicas como artrópodos, escarabajos y avispas”.

La Semarnat explica que el fideicomiso específico creado para reparar los daños causados al ambiente y a la salud se extinguió en 2017 por las autoridades correspondientes, (pero) el mismo se encuentra actualmente abierto derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2020 que así lo instruye. Sin embargo, al ser el fideicomiso un mecanismo alternativo de solución de controversias, la Semarnat ha recibido diversas respuestas negativas de Grupo México para reinstalar el comité de dicho fideicomiso, así también de Nacional Financiera (Luis Antonio Ramírez Pineda es su director general) ante la solicitud de reintegrar el patrimonio con el cual contaba el fideicomiso previo a su extinción en 2017.

Enemigo en casa, pues, pero, subraya la Semarnat, tanto las estimaciones de los impactos económicos por el derrame como los montos ejercidos para el pago de la multa y para el fideicomiso, claramente subestimaron los daños al no incluir la totalidad de las matrices ambientales y sociales afectadas. Pero todo indica que nadie quiere reconsiderar el muy peñanietista decreto de colorín colorado ni moverle a este asunto. Una vergüenza.

Las rebanadas del pastel

2 de octubre no se olvida.

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