o será esta la primera vez –y lamentablemente es previsible que tampoco será la última– que advirtamos en este espacio el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos de nuestra frágil democracia. Cada semana la coyuntura política suma elementos de preocupación sobre la precarización de los equilibrios de nuestra institucionalidad pública y su talante democrático. Ahora fue el turno del Congreso de la Unión, en cuyo cierre del periodo ordinario de sesiones se produjo la apresurada aprobación de un enorme paquete de reformas afines al proyecto de la 4T, sin reparar en el cuidado de las garantías y formas democráticas.
En la Cámara de Diputados, desde el martes 25 de abril y hasta el jueves 27 se aprobaron, sin mayor discusión y con un sinfín de irregularidades, nueve reformas legislativas; entre las que se encuentran: el remplazo del Insabi por el IMSS-Bienestar, la asignación de bienes y servicios públicos a entidades paraestatales para permitir, entre otras cosas, la operación del Tren Maya bajo el mando de la Sedena; el control del espacio aéreo, también a cargo de la Sedena; una reforma a las leyes de Turismo que permite destinar fondos del Fonatur al Tren Maya; la desaparición de Financiera Rural; y, por si fuera poco, nada menos que la nueva ley de humanidades, ciencia y tecnología.
Las irregularidades en el trabajo de las comisiones, la inexistencia de discusión en el pleno de la Cámara y el atropello al proceso legislativo, son algunas de las deficiencias formales que evidencian la falta de deliberación detrás de la aprobación de las reformas, lo cual supone un empobrecimiento de la calidad democrática del trabajo de la Cámara que recuerda prácticas del viejo sistema político mexicano que creíamos superadas. El caso de la nueva ley de ciencia y tecnología, por ejemplo, cuyo proceso de análisis y deliberación contemplaba la celebración de siete parlamentos abiertos y que fue aprobada tras la realización de apenas un par, lo cual supuso además aplazar la discusión y eventual aprobación de otros temas de enorme interés social, como la reforma laboral, que se vio pospuesta para priorizar temas más urgentes para la narrativa de la 4T en la actual coyuntura política.
En el Senado, sin embargo, los hechos fueron más preocupantes. El caos se desató cuando se frustró una vez más el intento de designar a un nuevo comisionado del INAI que permitiera a dicho organismo sesionar de manera ordinaria, tras lo cual la oposición tomó el pleno y obligó a posponer la sesión; en respuesta, la mayoría oficialista trasladó la sesión a una sede alternativa donde, con un quorum dudoso debido a la súbita incorporación de Tanya Viveros como suplente de la senadora Claudia Balderas, se concretó en apenas cinco horas un albazo legislativo que incluyó en conjunto una veintena de reformas, aprobadas sin discusión con el mismo tipo de irregularidades observadas en la Cámara de Diputados.
Entre las reformas aprobadas se encuentran, además de las mencionadas previamente, la reducción de la edad mínima requerida para fungir como diputado o secretario de Estado, la ley 3 de 3 contra la violencia, la llamada ley antifentanilo; reformas a las leyes minera, del mercado de valores y de bienes nacionales; la denominada l ey de cunas vacías y el aumento a la penalización por la tala de árboles.
Con este albazo legislativo cerró su periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión; con él también descendió al menos un peldaño más en la escala de la autoridad y la dignidad democrática y confirmó su inutilidad como contrapeso legítimo al Poder del Ejecutivo. El balance que deja es que, hoy por hoy y como en los tiempos del priísmo clásico, el Congreso está al servicio del Presidente; y ello es así también porque la oposición no tiene la suficiente consistencia para ejercer como un contrapeso parlamentario que garantice la debida deliberación de las propuestas legislativas. En tal escenario, se acentúa el proceso de deterioro de nuestro sistema de división de poderes y pareciera que volvemos a los tiempos de las aprobaciones fast track operadas para satisfacer la voluntad presidencial, a costa de las garantías democráticas del proceso legislativo.
Con ello nuevamente se evidencia que las verdaderas prioridades del presidente López Obrador son el empoderamiento de las fuerzas armadas y disminuir los márgenes de acción de los organismos descentralizados autónomos como el Conacyt y el INAI, todo ello sin mediar el diálogo con la ciudadanía y la sociedad civil. Frente a este panorama, se acentúa la soledad de la Suprema Corte como el único y último contrapeso institucional en nuestro sistema de división de poderes; a ella corresponderá en seguida la responsabilidad de discernir la legitimidad de las reformas aprobadas con tanta precipitación y desaseo.
A los ciudadanos, ya en la recta final de este sexenio, nos queda la tarea de tomar nota, no perder la memoria y mantener la atención al trabajo de la Suprema Corte. A la clase política aglutinada en el Poder Legislativo le queda por delante la difícil tarea de recuperar la autoridad moral y la dignidad de un poder indispensable para la salud de nuestra joven democracia.
