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Como el son of a bitch Somoza, García Luna a los leones
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on el veredicto unánime de los 12 integrantes del jurado, el pasado 21 de febrero el tribunal federal del distrito este de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, de cuatro delitos de narcotráfico −entre ellos conspiración para traficar y distribuir cocaína en Estados Unidos y delincuencia organizada en colusión con el cártel de Sinaloa del que recibía sobornos millonarios− y rendir falso testimonio ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración en junio de 2018.

Considerado el superpolicía de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del Partido Acción Nacional, y la cara civil de la doctrina de la seguridad hemisférica de EU en México −a caballo de la estrategia de militarización de la guerra de las drogas−, García Luna será sentenciado por el juez federal Brian Cogan el 27 de junio y podría pasar el resto de su vida en prisión.

Promovido por el ex embajador de EU en México, Jeffrey Davidow, el historial de García Luna devela que entre 2001 y 2012 –primero como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Fox y después como secretario de Seguridad Pública de Calderón− fue un personaje consentido de los mandos del aparato judicial y de seguridad del Estado profundo ( Deep State), entre otros, Leo Panetta y David Petraeus, ambos ex jefes de la CIA y del Pentágono; Eric Holder, del Departamento de Justicia; Janet Napolitano, de Seguridad Interna; James Clapper, de Inteligencia Nacional; Michele Leonhardt, directora de la DEA; Ronald Noble, jefe de Interpol, y el zar antidrogas Gil Kerlikowky.

El irresistible y desenfrenado ascenso de García Luna al mundo de los servicios clandestinos y las acciones encubiertas en cohabitación con los grupos de la economía criminal, se dio durante el calderonismo al amparo de la Iniciativa Mérida y de David Gaddis, ex jefe regional de la DEA. En octubre de 2006, dos meses antes de iniciarse el gobierno de Calderón, se celebró una discreta reunión en Cuernavaca, Morelos, en la que participaron Gaddis y la entonces administradora de la DEA, Karen Tandy, y por la parte mexicana el entonces secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora; García Luna como jefe de la AFI, y el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos. Allí se diseñó la guerra a las drogas de Calderón e iniciado el sexenio éste designó a García Luna secretario de Seguridad Pública y procurador a Medina Mora (luego embajador en EU y ministro de la Suprema Corte de Justicia).

Considerado uno de los artífices civiles de la guerra irregular (no convencional) de EU en México que generó una catástrofe humanitaria con crímenes de lesa humanidad que permanecen impunes (los ejecutores castrenses operaron bajo las órdenes del general Guillermo Galván, ex secretario de Defensa, y su sucesor durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, general Salvador Cienfuegos), los vínculos orgánicos de García Luna con la DEA y la CIA habrían cristalizado a finales de 2010, cuando él y otros altos funcionarios mexicanos del área de seguridad (incluidos miembros de las fuerzas armadas) se integraron al Grupo Bilateral de Trabajo México-Estados Unidos para Objetivos de Alto Valor.

Según un informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, ese grupo supervisaba el intercambio de inteligencia sensible sobre los principales grupos criminales mexicanos y coordinaba operaciones tácticas dirigidas contra objetivos de alto valor. Datos a los que, en teoría y como jefe de sector, tuvo acceso García Luna, incluidos los nombres de informantes y agentes encubiertos de un programa financiado por la DEA. Debido a su participación en ese grupo, García Luna también tuvo acceso a la identidad de un equipo altamente confidencial financiado por Washington: las Unidades de Investigaciones Sensibles, integradas por policías mexicanos presuntamente incorruptibles a los que se encargaban tareas de alta peligrosidad, cuya identidad y misión él conocía. Ex agentes de EU testimoniaron que varias veces estuvieron a punto de detener al Chapo Guzmán, y se les… escapaba.

El juicio contra García Luna en Nueva York excluyó la investigación de agencias de espionaje de EU, pese a que algunas como la DEA y la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) realizaron documentadas actividades encubiertas e ilícitas en México, incluido el lavado de dinero y el contrabando de fusiles de alto poder para el cártel de Sinaloa (los operativos Dejas las Armas Caminar y Rápido y furioso). De allí que junto con García Luna, la ideologizada, intervencionista y fracasada guerra a las drogas −iniciada por el presidente Richard Nixon en 1971 con métodos que incluyeron la presión y el chantaje, y que contribuyó al reforzamiento y la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y cuerpos policiales militarizados en la región, México incluido, en desmedro de las soberanías nacionales y los principios de autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos de otros estados−, debió haber estado en el banquillo de los acusados. El anticipado y abrupto final del caso arroja la sospecha de que el Departamento de Justicia buscó encubrir la vinculación de las agencias de inteligencia (CIA), combate a las drogas (DEA) y control de armas (ATF) con las redes de la economía criminal y sus fachadas de lavado empresariales y bancarias en México.

Durante varios años pudo aplicarse a García Luna la famosa frase atribuida a Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador nicaragüense Anastasio Somoza García: “Tal vez sea un hijo de puta ( son of a bitch), pero es nuestro hijo de puta”; pero parafraseando a Carlos Quijano a la caída de Anastasio Somoza Debayle en 1979, ahora podría decirse: García Luna a los leones, sea porque traicionó, ya no les servía o, peor, se había convertido en un lastre o pasivo para EU, como en su momento Reza Pahlevi, Ferdinand Marcos o Rafael Leónidas Trujillo. Aunque a García Luna aún le queda la opción de ser testigo cooperante contra quien el Departamento de Justicia y la DEA elijan, para seguir debilitando a México en función de los intereses imperiales.