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AMLO confirma la participación en el proceso

Colombia y el ELN invitan a México a ser otro garante en su diálogo de paz

Buscan poner fin a casi 60 años de conflicto // Reanudan negociaciones en Venezuela el lunes

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▲ Pablo Beltrán, del ELN, e Iván Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz en representación del gobierno colombiano (derecha), firmaron el pasado día 21 en Caracas la reanudación de las conversaciones de paz, después de una pausa de tres años.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Sábado 26 de noviembre de 2022, p. 20

Bogotá. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron invitar a México, Brasil y Chile, como parte de sus tres primeros acuerdos, para definir su participación (...) a ser países garantes en su mesa de diálogo de paz, que reiniciará pasado mañana en Caracas, y que busca poner fin a casi 60 años de conflicto, manifestaron la partes ayer.

Los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente, confirmaron la participación mexicana, según un comunicado.

En tanto, los representantes de Venezuela, Carlos Martínez, y de Noruega, Marid Vanzig, divulgaron de manera formal que tras una semana de pláticas formales, las partes indicaron que extendieron la invitación a Estados Unidos a participar con un enviado especial en este diálogo y ratificaron la presencia de Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes.

También concertaron exhortar a Alemania, Suecia, Suiza y España para que consideren su intervención en este proceso como naciones acompañantes, además de conocer su disposición para reactivar el Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación.

El segundo acuerdo fue retomar un punto de la agenda sobre acciones de alivio humanitario, aunque no dieron detalles. El último punto fue un consenso para tener un equipo de comunicación que informe sobre los trabajos de la mesa.

El ELN inició en 2017 una negociación de paz en Ecuador, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, que luego se trasladó a Cuba, pero su sucesor, el ex mandatario Iván Duque, no continuó con el proceso porque el núcleo rebelde no aceptó exigencias tales como la suspensión de hostilidades, a lo que se sumó un ataque con un carro bomba a una academia policial en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos.

El grupo disidente, al que pertenecieron sacerdotes católicos radicales, es considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. El jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, celebró los acuerdos.

Contra ex guerrilleros

Por otra parte, una sala de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) recomendó ayer a un tribunal imponer sanciones de entre cinco y ocho años a siete ex comandantes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), entre ellos Rodrigo Londoño Timochenko, por secuestros y otras privaciones graves de la libertad, en medio del conflicto interno armado.

Las sanciones, que serán definidas por un tribunal, pueden incluir privación de la libertad en lugares diferentes a una cárcel y trabajos de restauración a favor de las víctimas, como búsqueda de personas desaparecidas, desminado y recuperación del medio ambiente, según lo establecido en las normas de la JEP.

Siete antiguos comandantes de las desmovilizadas FARC, incluido Londoño, quien fue su máximo líder, aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, y otros delitos internacionales cometidos de manera concurrente.

Los siete comparecientes asumieron de manera individual y colectiva ser coautores de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, y homicidios, así como la responsabilidad de mando de cada uno, según su trayectoria, expuso la JEP en un comunicado.

Además, los ex comandantes de las FARC aceptaron su culpa en crímenes de guerra de torturas, tratos crueles y otros agravios inhumanos, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado contra los secuestrados.

Para seis de los ex comandantes rebeldes la sala recomendó ocho años de sanciones y para el otro, cinco años, debido a que no tenía mando directo sobre las tropas insurgentes.