El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana, y Apoyo a Migrantes Venezolanos promovieron un juicio de amparo contra las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como el Instituto Nacional de Migración por la participación del gobierno en la aplicación de la política estadunidense Título 42, a través de la cual se expulsa a migrantes venezolanos a territorio mexicano.

Argumentaron que el gobierno se comprometió a recibir a la población venezolana expulsada de Estados Unidos sin haber emitido y publicado los procedimientos para su recepción, dejándola en incertidumbre jurídica y saturando la carga de las organizaciones y los albergues de la sociedad civil.

Las organizaciones informaron que el amparo fue admitido por el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, y en la demanda reclaman violaciones a los derechos humanos de solicitantes del reconocimiento de condición de refugiados y el incumplimiento de la legislación internacional y local aplicable al Estado mexicano en materia de asilo.

Sostuvieron que la política constituye una externalización de fronteras de Estados Unidos en México.

Cabe recordar que la extensión del Título 42 a migrantes venezolanos entró en vigor el 19 de octubre, pero la semana pasada un juez puso fin a esta medida y accedió a dar un plazo, que vence el 21 de diciembre próximo, para que las autoridades estadunidenses se preparen ante el término de aplicación de esta política.