A más de tres semanas de que Estados Unidos modificara su política migratoria para venezolanos que requieren solicitar asilo en ese país, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aplicación de medidas restrictivas como el Título 42, que en el contexto de la pandemia de covid-19, dieron espacio a expulsiones sumarias de migrantes que ingresan a territorio estadunidense.

Expuso que la imposición de tales condiciones puede representar un riesgo de vulneraciones a los derechos de las personas, y urgió al gobierno de Joe Biden a garantizar que los mecanismos de protección sean ofrecidos de manera proporcional al movimiento a gran escala de venezolanos y ampliar el alcance de las medidas de acceso a los territorios.

Refirió que según datos del Departamento de Seguridad Interna estadunidense, el promedio mensual de aprehensiones de personas provenientes de la república bolivariana en la frontera terrestre suroeste de Estados Unidos, totalizó 15 mil 494 en el último año, con un aumento de más de 25 mil para agosto y 33 mil para septiembre. Mientras que en 2014-2019 se tenía un promedio de 127.

La CIDH destacó la insuficiencia de las medidas adoptadas –que disponen de 24 mil plazas para venezolanos que sean elegibles para solicitar asilo en Estados Unidos–, ante la magnitud de la situación que enfrenta esta población.

Refirió que según información de la Organización Internacional para Migraciones, en los dos días previos a la vigencia de la nueva medida migratoria, cerca de 4 mil personas habrían cruzado la zona del Tapón de Darién, selva que separa Colombia de Panamá, una travesía caracterizada por la violencia y otros riesgos.