El Instituto Nacional de Migración (INM) carece de metas y diseño de indicadores que permitan identificar, analizar y evaluar los avances y su cumplimiento, así como de un diseño de objetivos en términos medibles cuantitativamente, de manera que se pueda evaluar su desempeño, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la segunda entrega del informe de la revisión de la cuenta pública de 2021, la ASF concluyó que en el análisis de la gobernanza y el control interno del INM observó que no contaba con un sistema institucional de control para la generación de información confiable.

Por ello, indicó que la dependencia presentó deficiencias en la gobernanza y el control interno institucional para atender con eficiencia los asuntos en materia migratoria, además de que no mostró una clara delegación de las atribuciones del comisionado del INM.

Dichas debilidades en los instrumentos de gobernanza y control interno, impiden garantizar el debido y puntual cumplimiento del marco legal de sus funciones.

Por ejemplo, explicó que el instituto no contó con manuales específicos actualizados en cuanto a estructura, funciones y organigramas.

Además, el Consejo Técnico del INM no realizó actividades, ni ejerció como órgano de consulta, asesoría y apoyo para la implementación de la política migratoria.

A pesar de que la dependencia cuenta con un proceso de certificación de su personal que es encabezado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, la ASF detectó que servidores públicos en la plantilla vigente no aprobaron el proceso durante 2021. De igual forma, hubo integrantes de la dependencia que no acreditaron el nivel académico requerido, los años de experiencia o el área de estudio requeridos de acuerdo con las cédulas de puestos.

El órgano auditor confió que los señalamiento contribuirán a que el INM fortalezca su sistema de control interno, y se mejoren sus procesos de control y supervisión de las oficinas de representación.

Asimismo, recomendó a la Cámara de Diputados analizar una reforma a la Ley de Migración para eliminar el carácter polisémico del concepto de autoridad migratoria, establecido en la legislación.

Llamó a precisar la facultad del INM relativa a efectuar la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por todas las autoridades migratorias, incluidas las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, ya que actualmente carece de la jerarquía para ello.