Zonas de silencio y violencia invisibilizan los conflictos mineros en Sinaloa

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en el continente se despliegan 284 conflictos mineros; de ellos. 58 se registran en México, principalmente en Sonora, Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y otros. Ninguno en Sinaloa.

¿Quiere decir esto que Sinaloa no ha sufrido los impactos negativos de la minería? Nada más alejado de la realidad.

Si hacemos una recapitulación de los pasados 10 años, nos encontramos un amplio historial de contaminación: derrames de residuos tóxicos a presas y ríos; concesiones en áreas naturales; vertederos de jales abandonados y secuelas en salud y la economía.

Los proyectos mineros no encuentran una fuerte resistencia social en Sinaloa, donde cerca del 18% del territorio se encuentra concesionado a mineras, principalmente extranjeras. Esto se explica por las zonas de silencio creadas por la violencia asociada al crimen y el narcotráfico en los Altos, donde se encuentran las vetas de oro, plata y otros minerales.

Los distritos mineros del estado de Sinaloa se ubican en las zonas donde se han registrado el mayor número de desplazamientos forzados colectivos o “por goteo”, lo que es una de las posibles causas de que la minería no se haya topado con pobladores dispuestos a defender el territorio.

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se expandieron las concesiones mineras a compañías extranjeras sin importar el aumento de la violencia.

Este artículo aporta datos para entender el contexto de violencia como factor que inhibe la participación social en la resistencia a los proyectos extractivos en Sinaloa.

Producción minera en Sinaloa

Con la entrada en vigor del proyecto neoliberal y las reformas que facilitaron la inversión extranjera, creció la expedición de concesiones en Sinaloa, incluso durante los años más crudos de la violencia provocada el narcotráfico.

Según el Panorama Minero del Estado, hasta 2020, Sinaloa ocupaba el quinto lugar nacional en producción de fierro por volumen (890,170 ton), el décimo en producción de oro (853.21 ton) y el 15 en plata (7,888.64 ton).

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, cerca del 18% de la superficie del estado está concesionada a la minería (más de 1 millón de hectáreas). Y hoy se llevan a cabo operaciones de prospección y producción en más de 1 millón de ha, distribuidas en la cordillera de la Sierra Madre Occidental.

Conflictos y afectaciones invisibilizados

La gran mayoría de estas en zonas se localizan en Los Altos, colindantes con Durango y Chihuahua. En 2019, el Colectivo Voces Unidas, conformado por activistas, agricultores y empresarios, cuestionó si vale la pena arriesgar la producción de alimentos por impulsar la extracción minera, que aporta 1% del Producto Interno Bruto en Sinaloa, esto luego del anuncio de Economía de que se reactivaría la producción de minerales en el estado.

La asociación advirtió de la escasa supervisión que reciben las empresas mineras, ubicadas en su mayoría en territorios poco accesibles; incluso, señaló que gran parte de las concesiones se ubican junto a presas, ríos y sus afluentes, lo que amenaza los mantos freáticos.

“Si hubiera una minería responsable, no hubiera plantas de beneficio junto a los arroyos o cuerpos de agua, pues lo que deberían tener son ciclos cerrados y no utilizar la que ya necesitan los pobladores”, puntualizó Sandra Guido, a nombre del Colectivo.

El temor se debe a que los derrames de jales mineros no son hechos aislados en la entidad. El 25 de abril de 2021 se presentó un derrame de jales mineros en la mina Real de Cosalá, que alcanzó al río San Lorenzo, conectado con la presa El Comedero, la cuarta mayor almacenamiento de agua del estado.

A un lado del río, la comunidad de San José de Las Bocas vive de la pesca y de la ganadería, por lo cual los daños para su economía fueron importantes, ya que las vacas al consumir agua del río comenzaron a morir.

Este derrame les hizo recordar el accidente del 20 de enero del 2013, cuando se rompió la cortina de la presa de jales de la planta minera El Herrero, del Grupo Bacis, localizada en Otáez, de Durango. Los productos tóxicos vertidos en el río de Los Remedios llegaron a la Presa El Comedero, por lo que durante varios años se suspendió la pesca afectando a varias comunidades alrededor.

Otros derrames similares se han registrado en el río Pánuco (2014 y 2021); el río Choix (2014) y el río Piaxtla (2018), por mencionar algunos… Esto sin contar las denuncias de vertederos tóxicos dejados tras el cierre de sus operaciones, como en el municipio de Rosario, donde representantes del ejido de La Rastra aseguraron en 2019 que Grupo México abandonó millones de toneladas de jales a 30 kilómetros de donde hoy se construye la presa Santa María.

En ninguno de los casos las sanciones han implicado el cierre de operaciones, con excepción de la mina Paradox Xingye, de capital chino, ordenado por la Profepa por el vertimiento en el río Choix. La versión del gobierno fue que la suspensión se dio a causa de la caída del precio del fierro en el mercado internacional.

El principal opositor de esta mina, Ramón Corrales Vega, fue asesinado en mayo de 2014. Meses antes, 30 ejidatarios fueron encarcelados por bloquear el camino a la mina Paradox Xingye en exigencia de que se cumplieran los compromisos con la comunidad.

Minería en tierras desplazadas

En el año 2008 las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado marcaron un antes y un después en el desplazamiento forzado en Sinaloa. Cientos de pobladores de comunidades serranas abandonaron sus comunidades en medio del fuego cruzado. La geografía del desplazamiento coincide con las regiones mineras: en 2019 había 1950 personas desplazadas oficialmente de 13 de los 18 municipios del estado, desde Choix hasta El Rosario, pasando por El Fuerte, Sinaloa, Badiraguato, San Ignacio y Concordia.

En 2017, en las comunidades de Concordia y Rosario se registraron hechos violentos contra trabajadores y empresarios mineros, orillando a las personas a huir, con lo que se presume que algunas minas podrían estar siendo operadas por la delincuencia.

La violencia generalizada diluyó la cohesión social, provocando un despoblamiento, lo que no ha permitido condiciones para la formación de movimientos sociales en defensa del territorio, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones.

Las consecuencias derivadas del extractivismo se han mantenido soterradas en Sinaloa, debido en buena medida a la violencia y las zonas de silencio generadas a raíz de los desplazamientos, lo que ha contribuido a ocultar los daños de la operación minera. •