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Senadores impugnan ante la Suprema Corte militarización de la GN
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de octubre de 2022, p. 9

La oposición en el Senado interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de septiembre, por el que se deja el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El recurso lo firman 49 legisladores de PAN, PRI, MC, PRD y grupo plural cuyo argumento central es que se viola la Constitución al pasar el control de la Guardia Nacional del ámbito civil al militar.

El coordinador de los senadores priístas, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que el recurso por el que pretenden echar abajo esa reforma aprobada por Morena y sus aliados, la presentaron en el plazo límite, pero confió en que podrán hacer lobby con los ministros y ministras para poder tener un resultado positivo, ya que se trata de una violación flagrante a la Constitución.

Hizo notar que aunque no hay un plazo para que la Corte resuelva los recursos que se le presentan, en la oposición sí esperamos que por la magnitud por la importancia del tema, pueda ser resuelto rápidamente por la Corte.

Por separado, el coordinador del PAN, Julen Rementería, comentó que en el documento se resalta que la reforma impugnada desplaza de la Guardia Nacional a los miembros de la policía civil para quedar integrada únicamente por militares, además que la habilita para desplegarse en todo el territorio nacional pasando por alto la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

El recurso fue firmado por 49 legisladores

Resaltó que en ese sentido, los 49 legisladores firmantes hacen un llamado respetuoso, pero firme, a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan con celeridad esta acción de inconstitucionalidad.

En el escrito se quejan de que otros recursos presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y gobiernos estatales, relacionados con la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado están detenidas en el máximo tribunal desde hace más de dos años, sin obtener resolución.