Los integrantes de la Comisión para la Verdad para el periodo conocido como guerra sucia advirtieron que tras el arranque de sus funciones prevén que se toparán con diversos muros en su labor, entre ellos, advierten, que se percibe un pacto de silencio en el Ejército para evitar hablar de las acusaciones de violaciones de derechos humanos que se investigan.

Esta instancia, denominada oficialmente Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, presentó formalmente su plan de trabajo en busca de alcanzar sus objetivos a más tardar en 2024, cuando está proyectada su disolución.

Además de lamentar que se tardaron 20 años en comenzar, por la resistencia de las administraciones pasadas, también perfilan que se podrían encontrar con otros obstáculos.

Es evidente un pacto de silencio, no esperábamos otra cosa. Por eso el grupo de testimonios es el que debe ir con más cuidado. Ahí se necesita un empuje más grande del que tenemos en este momento, indicó Mariana Gómez, integrante de la secretaría técnica y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Tania Ramírez, integrante de la agrupación HIJOS México, e hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977, también expresó que les preocupa que haya un pacto para evitar dar a conocer información al respecto.

Como parte de su estrategia de trabajo, durante el presente año se mantendrán en una fase de preparación y organización para continuar en 2023 con la de escucha, despliegue e investigación, y concluir en 2024 con el análisis de los datos recabados, explicó Aleida García, integrante de la comisión.

Reconoció que su labor se ha retrasado y aún está pendiente aterrizar puntos claves como las formas de participación que tendrán los distintos colectivos de víctimas y la sociedad en general, pero refrendó que hay avances importantes en la integración de su equipo de trabajo y tras un encuentro con integrantes de la Comisión de la Verdad de Colombia, la semana pasada, corroboraron que las rutas de trabajo planteadas van en la vía correcta, como la centralidad de las víctimas.

Desde hace cinco semanas comenzaron con el análisis de expedientes del Ejército, tarea en la que han tenido que enfrentar un estira y afloja para conseguir los documentos, y se han visto algunos vacíos en la información, agregó Gómez.

En tanto, sobre los planos de los campos militares donde se tienen indicios de que se detuvo a personas desde la década de los años 60, los elementos castrenses han explicado que no conservan los archivos originales que den cuenta de las modificaciones que se han hecho a través de los años, ya que únicamente poseen planos actualizados de los inmuebles.