Durante la sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores de Morena reprocharon al Instituto Nacional Electoral (INE) que pretenda sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos actos anticipados de campaña, mientras omite investigar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Es una infamia, ya que el Ejecutivo federal jamás participó en los eventos de organización a los que convocó nuestro partido, señaló el diputado Mario Llergo Latournerie.

Manifestó que con esa resolución, que enlista a 30 funcionarios y servidores públicos de Morena para eventualmente sancionarlos por actos anticipados de campaña, el INE ha extraviado el rumbo y los principios de certeza y de imparcialidad, porque se ha puesto al servicio de lo más rancio del conservadurismo de este país.

¿Dónde está el INE que ayer emite resoluciones enlistando al Presidente de la República que nunca ha estado en los últimos años, desde que asumió la presidencia, en un evento de Morena, pero no abre una investigación de oficio por el financiamiento ilegal de Cinépolis, de Televisa, por el pago ilegal a Antonio Sola y por todo este manejo de recursos desmedidos del PRI y de Alejandro Moreno?, preguntó el también diputado morenista Marcos Medina Filigrana.

Agregó que Alito viaja, anda por Suiza, por Estados Unidos y espero que no sea un pretexto para evadir la justicia.

Agregó que la mansión de Moreno Cárdenas en Campeche, que fue cateada por autoridades judiciales, se convierte en un insulto para las necesidades del pueblo campechano.

El debate derivo en críticas de legisladores morenistas y del PT a Alito. Esta mansión de 7 mil metros cuadrados no es de un magnate, sino de un dirigente de un partido político y en vez de reconocerlo, la dirigencia del PRI saca un desplegado acusando al gobierno federal de persecución política, y lo mismo hace el PAN al defender a Ricardo Anaya, que anda también huyendo, advirtió el diputado Leonel Godoy.

Por su lenguaje procaz, por sus acciones delictivas y por sus excesos, por propiedades con valor de 500 millones de pesos, debería ser sancionado, cuando menos éticamente por su partido, insistió Godoy.

El único legislador priísta que salió en su defensa fue el diputado Mariano González Aguirre, quien sostuvo que se trata de una venganza política , como lo demuestra la difusión de videos obtenidos ilegalmente,que lleva a cabo cada semana la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el uso desmedido de la fuerza pública y la violencia durante el cateo, en el que estuvo presente el fiscal Renato Sales.

Es una clara violación a la integridad y pone en riesgo la vida de Alejandro Moreno y de sus familiares, sostuvo.