or fin, la semana pasada fue confirmada la jueza Ketanji Brown Jackson como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Durante la azarosa comparecencia en el Senado, algunos republicanos la interrogaron de forma inapropiada y grosera. Su oposición no tenía relación con sus evidentes cualidades profesionales, sino con las medidas que emitió cuando fue juzgadora de distrito. Por ejemplo, a la decisión de preservar la enseñanza de la historia del esclavismo, las organizaciones religiosas y políticas de ultraderecha se han opuesto radicalmente. La jueza Brown, primera negra en la historia de la Corte, se suma a las otras dos liberales que habrán de enfrentar a una mayoría de conservadores.

Es evidente que la Corte Suprema de Estados Unidos se caracteriza cada vez más por la tendencia política de sus decisiones, en las que pesa más no la interpretación imparcial de la Constitución, sino la ideología y el balance político. Lo que en el pasado fue una velada muestra de las preferencias políticas de sus integrantes, hoy es franca y abierta. En un país cada vez más dividido, la Corte se ha convertido en espejo de esa división e instrumento de la mayoría dominante, cualquiera que sea el signo de ésta. Tal vez la derivación más grave es que rompe con el equilibrio que los fundadores de la nación creyeron preservar mediante la instauración de los poderes en los que descansa el gobierno de la nación: ejecutivo, legislativo y judicial. La idea original es que al no poder prever todas las situaciones que se derivan de los preceptos fundamentales establecidos en la Carta Magna, un poder autónomo debería interpretar las leyes y decisiones de los otros dos. Palabras más palabras menos, esa fue la función que quienes escribieron la constitución asignaron a la Corte.

Pareciera que los fundadores de Estados Unidos pasaron por alto que los integrantes de la Corte son seres de carne y hueso, y que la imparcialidad indispensable en su función frecuentemente está matizada por la ideología y las presiones políticas. En última instancia, la idea que cada uno de sus miembros tiene sobre la justicia social e igualdad es la que cuenta, y en consecuencia la forma de interpretar un documento tan general como la Constitución. La jueza Brown no fue atacada por sus cualidades profesionales, sino por su defensa de valores que debieran ser universales, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.