Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 13/22 a distintas autoridades estatales, entre ellas, la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, debido a que detectó deficiencias en la investigación de la desaparición forzada de 14 personas entre 2019 y 2020.

Evidenció que existen múltiples violaciones por parte de elementos del Ministerio Público, policías investigadores de la fiscalía y personal de ese instituto. También reveló que hay agentes ministeriales que tienen hasta 800 carpetas de investigación abiertas, lo cual no justifica otros aspectos de negligencia evidente en el proceso que se inicia desde que es presentada la denuncia y hasta que localizan a la persona, sobre todo sin vida.

La CEDHJ pidió, entre otros aspectos, contratar más personal para mejorar los resultados en la entidad, que ocupa el primer lugar nacional con al menos 16 mil desaparecidos.

La defensoría precisó que en todos los casos se comprobó que la actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito fue deficiente, hubo nulas o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización, así como victimización secundaria e intimidación y amenazas a los familiares de las 14 personas desaparecidas.

De las denuncias, cinco ocurrieron en 2019 y nueve en 2020, dos corresponden a mujeres y 12 hombres. Hasta ahora, sólo cuatro han sido localizadas, aunque sin vida.

En tanto, Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador general de la CEDHJ y encargado de la investigación, dijo que en cuatro de las quejas se estableció que participaron más de tres particulares, lo que indica organización en la ejecución del delito con predominio del uso de armas y vehículos y que en dos casos más existe la sospecha fundada de que participaron policías estatales, municipales o de la fiscalía.

En todos se observaron una serie de irregularidades que hasta el momento han impedido la localización de 10 personas, así como la identificación y el paradero de algunos responsables de las desapariciones, agregó.

La comisión estatal también advirtió que hay excesiva carga de trabajo; falta de herramientas tecnológicas, de equipamiento, material y otros insumos indispensables para llevar a cabo con la idoneidad y eficiencia que se requieren las labores de investigación y búsqueda de personas desaparecidas e identificación de las fallecidas.

Por lo anterior, recomendó atención conjunta del fiscal del estado; el instituto forense, así como de los alcaldes de Chapala, El Salto, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, con el fin de que inscriba a las personas desaparecidas y a sus familiares en los registros nacional y estatal de víctimas a cargo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con el fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.