odas las partes implicadas en las negociaciones que se llevan a cabo en el formato de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) coinciden en que los acuerdos de Minsk son la base para un arreglo político del conflicto en el sureste ucranio, pero Kiev y Moscú interpretan los entendimientos a su manera, como si de textos diferentes se tratara, y los mediadores europeos nada pueden hacer frente al rechazo, de unos y otros, de propuestas para alcanzar consensos.

La reunión de los asesores políticos de los líderes de los cuatro países, celebrada en Berlín el jueves pasado, concluyó tras nueve horas de intensa discusión sin ningún avance y, como testimonio de las posiciones antagónicas, ni siquiera pudieron emitir un comunicado conjunto. Los rusos atribuyen la responsabilidad por el enésimo fracaso a la intransigencia de los ucranios, y viceversa.

Muchas son las discrepancias y la mayor se centra en el estatus especial de las APRDyL (siglas de Algunas Partes de las Regiones de Donietsk y Lugansk, como se denominan en los documentos las autoproclamadas repúblicas populares que no se supeditan a Kiev), el cual devino un escollo insalvable para cumplir los acuerdos de Minsk.

Según se pactó en 2015, para que ese estatus especial entre en vigor, y aún habría que definir el grado de autonomía que reclaman los insurrectos, deben celebrarse elecciones y, una vez legitimados sus gobernantes, desaparecerían las repúblicas populares para volver a ser regiones de Ucrania, aunque con facultades diferentes a las del resto del país, y el control de la frontera con Rusia sería devuelto al ejército ucranio.

En apretada síntesis: Kiev quiere invertir el orden, primero el control de la frontera y sólo después elecciones. Moscú no lo acepta, argumentando que habría un exterminio étnico. Kiev insiste en que no pueden votar los habitantes de la zona en conflicto que huyeron hacia Ucrania, sólo los que lo hicieron hacia Rusia. Moscú pretende que voten los 700 mil ucranios que recibieron pasaporte ruso, cuando la legislación ucrania prohíbe la doble ciudadanía.

Los mediadores europeos promueven que el cuarteto de asesores políticos se reúna de nuevo en marzo siguiente, posibilidad que se mantiene abierta mientras se respete el alto el fuego acordado el 26 de enero pasado.