Río de Janeiro. El informe leído por el senador Renan Calheiros el pasado miércoles cerró los trabajos de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) dedicada a analizar en el Senado quiénes son los responsables de la más letal crisis sanitaria vivida en el país: la pandemia de Covid-19, que ha causado al menos 606 mil muertes.

El texto será votado el próximo martes, y como la oposición ocupa siete de las 11 plazas en la CPI, se espera su aprobación. En seguida, será encaminado a diversas instancias de justicia.

Empezará entonces una doble etapa. De un lado, la CPI tratará de lograr que tanto la Fiscalía General determine la apertura de una investigación, como que el Supremo Tribunal Federal se pronuncie. Y de otro, tanto el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro como los demás denunciados tratarán de librarse del proceso.

De todas formas, el primer impacto ya es palpable y repercute con fuerza desde el mismo instante en que el senador Calheiros terminó la lectura del resumen de su informe.

A lo largo de 28 minutos se escucharon denuncias de nueve crímenes cometidos por Bolsonaro. Es la primera vez en la historia brasileña que un mandatario es blanco de denuncias tan fuertes en el Congreso.

Se le acusa de ser responsable de la epidemia con resultado de muerte, infracción de medida sanitaria preventiva, empleo irregular de presupuesto público, incitación al crimen, falsificación de documentos particulares, charlatanería, mal uso de recursos públicos, crímenes de lesa humanidad y de responsabilidad.

Además del presidente y de tres de sus hijos –Flavio, senador nacional; Eduardo, diputado estatal, y Carlos, concejal– fueron denunciados cuatro ministros, entre ellos el de Defensa, general retirado Walter Braga Netto, dos ex ministros, incluido el general en activo Eduardo Pazuello, que fue ministro de Salud, así como empresarios, parlamentarios y ex funcionarios de distintos ministerios; en total, 66 personas.

A lo largo de cinco meses las sesiones de la CPI fueron transmitidas en directo por la televisión del Senado, que jamás había alcanzado semejante audiencia. El impacto de la lectura del informe final fue inmediato.

Bolsonaro padece una fuerte corrosión de su imagen, su aceptación popular se desmorona de manera palpable, pero sigue contando con la aprobación de entre 20 y 25 por ciento de los entrevistados en las encuestas.

Frente a esos datos –a propósito: los más negativos de un presidente a punto de cumplir tres años de mandato desde la vuelta a la democracia, en 1985, luego de 21 años de dictadura–, que su equipo más cercano trata de ostentar como positivos, crece de manera palpable el rechazo a su gobierno, ahora con el agravamiento de la crisis económica que reproduce a cada día y en velocidad espeluznante imágenes de miseria por todo el país.

No se sabe, en todo caso, qué pasará, además de la reacción popular, en términos concretos, a partir de la aprobación del informe de la CPI.

Acorde con la legislación brasileña, tanto el mandatario como ministros en ejercicio gozan de foro privilegiado, o sea, un margen de inmunidad, y sólo pueden ser denunciados jurídicamente (y luego de la apertura de investigaciones propias) por la Fiscalía General de la República, que decide si encamina, o no, el caso para el Supremo Tribunal Federal.

Se considera en Brasil que lo más probable, pese al tono de las denuncias, es que la Fiscalía decida archivar el caso, sin abrir ninguna investigación.

Lo que se comenta en medios políticos y entre analistas brasileños es que el actual fiscal general de la República, Augusto Aras, nombrado por Bolsonaro y aspirante declarado a una plaza en el Supremo Tribunal Federal, deberá reiterar su total lealtad no a la Constitución y a las leyes, sino a quien lo elevó al puesto que ocupa.

Ya lo hizo frente a reiteradas denuncias contra el mandatario, aunque ninguna con el peso y la repercusión como la de ahora.

De todas formas, y aunque logre escapar jurídicamente, ante el empresariado, los partidos políticos y la opinión pública, el desgaste de Bolsonaro es feroz. Y se extendió, por lo que se ve, a los principales medios de comunicación extranjeros.

Aunque sobreviva al aluvión de denuncias, Bolsonaro saldrá seguramente más corroído de lo que ya está. Y todo indica que, con eso, se alejará más y más de la tan soñada relección en 2022.