Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, finalmente se decidió a actuar y aprobó medidas urgentes para reducir el alto costo de la energía eléctrica, entre las cuales está la reducción de la carga impositiva en la factura de la luz y que actualmente representa algo menos de la mitad del total.

En un año, la tarifa se incrementó hasta en 40 por ciento y en los pasados tres, desde que asumió el poder el actual Ejecutivo, más de 300 por ciento. Entre las medidas más importantes están la aprobación de un suministro mínimo vital para las personas más desfavorecidas y la confiscación de una parte de los beneficios de las principales empresas del sector energético para paliar los gastos derivados de estas medidas.

Las acciones de las empresas del sector, entre ellas Iberdrola, Naturgy, Endesa y Acciona, se desplomaron en la bolsa española como consecuencia de este anuncio.

Cuando el precio de la electricidad alcanza una nueva marca histórica esta semana, con una tarifa hasta de 172 euros por megavatio-hora y ante la presión social por el encarecimiento de la vida, el Ejecutivo español, integrado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), finalmente aprobó las medidas que había anunciado hace más de un mes como inminentes. El propósito es reducir el costo de la electricidad y situarlo en niveles similares a los de 2018 –que a su vez fue el año más caro de la historia hasta ahora–, es decir, que cada cliente medio –no se incluyen los comercios– pagará alrededor de 600 euros (14 mil 400 pesos) anuales.

Las medidas aprobadas están divididas en cinco bloques: reforzar la protección de los consumidores vulnerables, medidas fiscales y sectoriales para abaratar la factura, limitar la subida de la tarifa regulada del gas natural, reformar el mercado eléctrico y medidas relacionadas con el medio ambiente. De estas medidas la más difícil de llevar a cabo es la del gas natural, cuyo precio está subordinado al mercado internacional.

La acción que tendrá un efecto inmediato para los consumidores será la suspensión temporal del impuesto de venta de la producción energética, que es de 7 por ciento de la factura, así como la reducción del impuesto especial sobre electricidad, que pasará de 5.11 por ciento a un 0.5 por ciento. Este último impuesto se destina a las arcas públicas de las Comunidades Autónomas, que ahora dejarán de percibirlo sin que se haya contemplado una vía de financiación alternativa.

El gobierno prevé reformar el mercado eléctrico para llevar a cabo subastas de contratos de compra de energía a largo plazo, que serán de obligado cumplimiento para los cuatro principales operadores, Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy.

Las empresas respondieron con malestar a las medidas del gobierno, en parte por la caída en el mercado bursátil, por lo que se prevé que se presenten sendas querellas para dirimir las diferencias en los tribunales. Además, se plantea paralizar la energía nuclear si no se cambian algunas de las medidas adoptadas, lo cual provocaría un nuevo disparo en los precios de la electricidad.

En un comunicado conjunto los cuatro operadores plantearon: Para Foro Nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear. Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear, por lo que –advierten– que habrá un cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados.