Guadalajara, Jal., Tres diputados locales identificados con el llamado Grupo Universidad pidieron que se destinen recursos del crédito de 6 mil 200 millones de pesos obtenido el año pasado por el gobernador Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano (MC), para concluir el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, y así evitar que se tomen 140 millones de pesos del presupuesto de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para este año, que la institución ya etiquetó para su Museo de Ciencias Ambientales.

Ana Silvia Gutiérrez, Mara Robles y Enrique Velázquez, militantes del nuevo partido Hagamos, pero que en la actual 62 Legislatura, que está por concluir, no pertenecen a bancada alguna porque la primera renunció a Morena y los otros dos a MC, señalaron que hay al menos 356 millones de pesos del préstamo sin ejercer y que podrían utilizarse para el hospital sin afectar los fondos de la UdeG.

En conferencia de prensa, los legisladores afirmaron que el gobierno estatal también podría generar ahorros adicionales para evitar el recorte presupuestal a la casa de estudios, sobre todo en áreas como comunicación social, la cual pagó 113 millones de pesos entre 2020 y 2021 a las agencias Euzen, Indatcom y La Covacha, que desde hace años han sido favorecidas con publicidad de gobiernos municipales y del estatal emanados de MC.

Los tres diputados adelantaron que pedirán al Congreso local que instituya a una comisión especial investigar el uso que se ha dado a la deuda pública, contratada supuestamente para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Diputados de MC y del Partido Acción Nacional, junto con el gobernador Alfaro, buscan quitar a la UdeG 140 millones de pesos etiquetados por el Consejo General Universitario para terminar el museo.

Las leyes estatales de Disciplina Financiera y de Contabilidad Gubernamental no permiten reasignar dinero público adjudicado a educación, salud y seguridad.

La UdeG informó que ya inició las obras del recinto cultural. Si la universidad se ve obligada a cancelar esos trabajos, podría enfrentar demandas de los proveedores afectados por el cambio abrupto del gobierno de Jalisco, adelantó la casa de estudios en un comunicado.