Ex funcionarios de gobiernos del PAN, empresarios cercanos a la compra de Agronitrogenados, integrantes de asociaciones político-religiosas e incluso quien fuera líder en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, figuran entre los socios de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, donataria conocida por las amenazas de muerte y comentarios racistas y homofóbicos que hizo su presidente, René Bolio, a un trabajador de la embajada de Cuba en México, el martes pasado.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la asociación civil que preside Bolio –quien en su cuenta de Twitter se describe como abogado ambientalista, político humanista, empresario en ciernes, crítico propositivo, católico pecador– es financiada en su mayor parte por empresas, pero hasta 2018 también una gran parte de su ingreso venía de instituciones públicas, incluso en 2017 vía entidades del gobierno recibió 62.6 por ciento de sus entradas.

El martes un grupo de personas convocadas por el PAN protestó en la embajada de Cuba en la Ciudad de México por la situación política en la isla. Más allá del acto, después de gritar a una persona que entraba a la instalación, René Bolio se dirigió en repetidas ocasiones a un funcionario cubano como maricón, seguido de ello el católico pecador amenazó: está muerto el maricón, para después quejarse con algunos reporteros: el guardia negro que estaba ahí me empujó.

Sin una carrera política ganada en urnas, antes de presentarse como defensor de derechos humanos, René Bolio fue suplente de la senadora Cecilia Romero Castillo en la 58 Legislatura. Ahora es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, una organización que reprodujó el llamado del colectivo #Nomásderroches, el cual buscaba que no se suspendiera la construcción de un aeropuerto cuyos primeras promociones resultaron en la represión a decenas de personas por parte de policías.

En el más reciente reporte público de la donataria se encuentran como socios José de Jesús Castellanos López, quien se reconoció como integrante de la Organización del Bien Común –también conocida como el Yunque– en una nota de la Agencia Católica de Informaciones, y Xavier Autrey Maza, vicepresidente de Altos Hornos de México, empresa que vendió a sobreprecio la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos.