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Denuncian ONG crímenes de la fiscalía de Nayarit con Veytia
 
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2021, p. 10

Entre junio y septiembre de 2017, al menos 47 personas fueron de-saparecidas presuntamente por la fiscalía de Nayarit como parte de un ataque sistemático perpetrado por actores estatales, señala el informe México: estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad, que realizó la organización Idheas, Litigios Estratégico en Derechos Humanos, junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

Por ello, la Federación presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que insistió al nuevo fiscal, Karim Khan, iniciar una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en México.

En conferencia de prensa virtual, las organizaciones dijeron que con base en las pruebas obtenidas, estos delitos fueron perpetrados por miembros de la fiscalía de Nayarit y otros actores pertenecientes al gobierno regional del estado, posiblemente incluyendo al propio ex gobernador Roberto Sandoval, quien fue detenido el 6 de junio de 2021 acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El informe demuestra que entre 2011 y 2017, el ex mandatario y el fiscal Édgar Veytia, quien actualmente cumple una sentencia de 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, crearon una estructura criminal dentro de la fiscalía de Nayarit a través de la cual habrían cometido actos de homicidio, tortura, robo de propiedad, extorsión y desaparición forzada.

Es indignante que la fiscalía de Nayarit, a la que acudieron las familias para realizar una investigación, fuera en realidad la entidad que habría cometido las desapariciones forzadas. Le pedimos a las autoridades federales de México que reconozcan la existencia de crímenes de lesa humanidad y remitan el caso a la CPI, señaló Jimena Reyes, directora de la FIDH para las Américas.

Solicitaron al recién electo gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y al Estado mexicano que implementen reformas mediante un diálogo con las víctimas, destinadas a evitar que sigan produciéndose desapariciones forzadas en la entidad.