Morena en el Senado impulsa una reforma que incrementa sanciones a las autoridades de secretarías de Estado y demás dependencias gubernamentales que se nieguen a acatar los laudos o sentencias del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), actitud en que incurren con frecuencia, ya que sólo están obligadas a pagar una multa de un peso en caso de incumplir dichas resoluciones.

A consecuencia de ello, los juicios laborales para los servidores públicos se prolongan por muchos años, antes de que puedan ser reinstalados o cobrar su liquidación y para el Estado hay también efectos negativos, ya que al final deben pagar los salarios caídos, por el retraso judicial, se argumenta en la reforma presentada por el presidente de la Comisión de Justicia, del Senado, Julio Menchaca.

Se trata, explicó, de una modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece medidas de apremio efectivas para las autoridades, en su carácter de patrones.

Argumenta que esa ley fue promulgada en 1963 y en su artículo 148 estableció una multa de mil pesos a las dependencias que se negaran a respetar las sentencias del tribunal laboral. Sin embargo, con la estrategia de nuevos pesos, que se puso en marcha en enero de 1993 y consistió en quitar tres ceros a la moneda, esos mil pesos se convirtieron en uno.

No se adecuó ese artículo y las dependencias acudieron a amparos, para pagar sólo un peso de multa, “que resulta ineficaz, insuficiente e irrisoria… Es impresionante el retraso de juicios laborales que están en la etapa de ejecución, por ello es de trascendental importancia dotar al tribunal de herramientas efectivas que permitan que sus sentencias se cumplan”.

La reforma modifica el artículo 148 para establecer una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de suspensión temporal en sueldo y funciones por 30 días al funcionario o responsable del incumplimiento del laudo o convenio. En caso de continuar el desacato, se le separará en definitiva del cargo.

Aunado a ello, se adicionará el artículo 151 para que cuando se pida la ejecución de un laudo, el TFCA pueda comisionar a un actuario que acompañe al trabajador que deberá ser reinstalado y aperciba al funcionario de las sanciones que habrá en caso de negarse.

Cumplir en tiempo y forma el laudo ahorraría al Estado el pago de salarios caídos que como consecuencia del incumplimiento se prolongan por años.