n los seis gobiernos neoliberales no se construyó una sola refinería, porque –decían los tecnócratas– no es negocio para el Estado y, de hacerlo, sería una injustificada pérdida de recursos públicos (de hecho, en 1991 clausuraron una, la 18 de marzo en Azcapotzalco, que procesaba alrededor de 300 mil barriles por día). Ni una, pues, pero sí destinaron (a partir de 1993, con Salinas de Gortari en Los Pinos) crecientes recursos de las arcas nacionales para mantener una oscura asociación (50-50 por ciento) con la petrolera Shell en la refinería de Deer Park, en Houston, Texas, en la que, a pesar de la presunta paridad accionaria, la trasnacional tomaba las decisiones.

La demanda de gasolina y diésel en el país ha crecido exponencialmente, a la par de la dependencia del exterior y el consecuente gasto por su importación, pero los neoliberales no autorizaron siquiera un solo tornillo para la construcción de una nueva refinería. En 2008, el Borolas anunció, en cinco ocasiones (todas de saliva), que construiría la Bicentenario, en Tula, Hidalgo, pero lo más lejos que llegó fue a levantar una costosísima barda perimetral en los terrenos cedidos por el gobierno de Hidalgo (en ese entonces con Miguel Ángel Osorio Chong en la oficina principal, que sólo endeudó aún más a los hidalguenses), mientras la adquisición de combustibles en el mercado internacional (especialmente en Estados Unidos) crecía y crecía. Con su reforma energética, Peña Nieto ni la saliva respetó: simplemente la borró del mapa.

De las seis destartaladas refinerías que los gobiernos neoliberales heredaron, las más jóvenes –las niñas pues– datan de 1979. ¿Resultado? Para dar una idea de qué tamaño ha sido el negocio que no es negocio, de 2001, con Fox en Los Pinos, a 2018, con Peña Nieto en la residencia oficial, México erogó alrededor de 250 mil millones de dólares en importación de gasolinas y diésel, algo así, a precios actuales, como 25 por ciento del producto interno bruto. ¿A los bolsillos de quién fue a parar esa catarata de dinero que no es negocio?

Desde el inicio de su administración, el presidente López Obrador se abocó a la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco (se estima que la obra concluirá a mediados del próximo año), para incrementar la capacidad de refinación interna y reducir la espeluznante dependencia externa –y el creciente gasto– que México tiene en materia de combustibles. Esta nueva instalación aportará alrededor de 340 mil barriles diarios de gasolinas, diésel y otros petrolíferos.

Pues bien, ayer el mandatario anunció lo siguiente, en beneficio del Estado mexicano: Petróleos Mexicanos compró las acciones de la refinería Deer Park en Houston, de la empresa Shell. Se adquirió 50 por ciento de las acciones, porque el otro 50 por ciento ya era de Pemex, y de esta manera ya contamos con una nueva refinería, con una capacidad para procesar 340 mil barriles diarios.

López Obrador dijo que “es igual a la nueva refinería de Dos Bocas, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles. En esencia recibimos seis refinerías en mal estado. Las estamos modernizando. Se está reiniciando –también– la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta, y dos refinerías más. Recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho. Así vamos a dejar de comprar combustibles en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel, vamos a ser autosuficientes. Esto para 2023.

Ya en el detalle, el mandatario explicó: ¿cuánto nos costó 50 por ciento de las acciones, para que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deer Park? 600 millones de dólares, alrededor de 12 mil millones de pesos, no en crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por ser un gobierno honesto y austero, sin lujos.

En perspectiva, pues, 680 mil barriles refinados en México para el fortalecimiento de la soberanía energética.

Las rebanadas del pastel

Al solícito juez Juan Pablo Gómez Fierro ya le dieron su primera caricia: el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicación, anuló las primeras suspensiones provisionales que ese árbitro concedió contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y las que siguen.

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