Más de 300 intelectuales, escritores y creadores mexicanos publicaron una carta donde rechazan la represión de los agentes del Estado en Colombia y manifiestan su solidaridad con el pueblo de ese país en su búsqueda por hallar soluciones pacíficas a las problemáticas e injusticias sociales que lo llevaron a movilizarse.

En el documento, publicado en el diario colombiano El Espectador, exhortaron a que los diálogos entre el gobierno del presidente Iván Duque, el Comité de Paro y las instancias que la sociedad movilizada decida se realicen en un contexto que garantice la seguridad de los participantes, tengan un carácter amplio e inclusivo, y conduzcan a la concreción de soluciones reales, capaces de atender las causas profundas que subyacen a la actual crisis.

Entre los firmantes se encuentran Elena Poniatowska, Rosa Beltrán, Enrique Villaseñor, Marina y Andrea Stavenhagen, Hernán Bravo Varela, Valentina Leduc Navarro, Juan Meliá, Néstor García Canclini, Javier Esteinou Madrid, José Luis Paredes, Evoé Sotelo y Socorro Venegas.

Sostienen que desde el inicio del paro nacional, el 28 de abril pasado, hemos observado con preocupación los actos de violencia cometidos, con alta presunción, de la policía: represión contra la legítima protesta social, asesinatos, agresiones y desapariciones forzadas.

Refieren que, según estimaciones de Indepaz, la fuerte represión a las movilizaciones y manifestaciones públicas ha dejado, hasta el 8 de mayo, 47 personas asesinadas, 278 personas agredidas, 12 casos de violencia sexual, 963 detenciones arbitrarias y 548 desaparecidos.

Destacan que hay un panorama de alta gravedad por la evidente violencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el uso desproporcionado de la fuerza, la participación de grupos paramilitares, los riesgos asociados a la militarización de las principales ciudades y la reticencia del gobierno del presidente Duque para solidarizarse con las víctimas.

Consignan que la insensible y ominosa reforma tributaria que pretendía gravar desde alimentos y medicinas hasta los servicios funerarios, en medio de una pandemia que ha recrudecido una profunda crisis económica detonó las protestas sociales.

Las movilizaciones, agregan, también responden a una profunda desigualdad económica y social, la corrupción de diversos funcionarios y actores políticos asociados con élites que han concentrado el poder históricamente, los múltiples y agraviantes asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes sociales y la represión a movimientos indígenas y campesinos.

Así como a las dilaciones y obstáculos que el actual gobierno ha puesto a la aplicación de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.