El ex coordinador jurídico de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Guillermo N, ingresó al Reclusorio Oriente por abuso sexual agravado y es parte de los 60 agresores de mujeres presentados ante un juez de control entre el 27 de marzo y el 12 de abril que han sido vinculados a proceso, informó la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, al dar a conocer que en lo que va del año suman 19 feminicidios en la capital.

Agentes de investigación concretaron el martes una orden de aprehensión contra el ex funcionario por abuso sexual agravado y acoso sexual por relación jerárquica laboral, hechos que presuntamente se suscitaron en esa corporación.

La víctima presentó la denuncia en noviembre de 2020, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01408/11-2020.

En conferencia de prensa, la titular de la fiscalía reconoció que se registra un aumento de feminicidios, que son perpetrados principalmente por consortes, ex parejas o conocidos con un arma de fuego, golpes y violación, sobre todo por que hay una mayor cantidad de denuncias.

Hasta ahora no hay ninguna solicitud de algún juez para el registro del perfil genético de los agresores en el banco de ADN, pero en el registro público ya están varios. Con eso se busca que ningún delito cometido en agravio de mujeres quede impune, pues estamos comprometidos a ofrecer verdad y justicia a todas las víctimas de algún delito de violencia y cerrar las puertas a la impunidad.

La fiscal destacó que toda muerte violenta de mujeres se investiga al activar el protocolo de feminicidio y en el transcurso de la investigación se determina si fue por razones de género, como se realiza actualmente en un caso en Álvaro Obregón.

Por otra parte, el presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra, urgió a que el Estado esté un paso adelante de los criminales para combatir la trata de personas mediante la mejora de instrumentos y diseño de medidas preventivas.

Mencionó que en 2020 se dictaron siete sentencias equivalentes a 90 años de cárcel y 800 mil pesos en sanciones contra tratantes, pero existe falta de sensibilidad, de acompañamiento y de reparación del daño hacia las víctimas.