Pregunta para el juez que otorgó amparos contra la Ley Eléctrica

o habían pasado ni 24 horas cuando el juez Juan Pablo Gómez Fierro dio entrada a un amparo en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) interpuesto por Zuma Energía, operadora de la Planta Fotovoltaica La Orejana, establecida en Hermosillo, Sonora.

iles de chavos entre 15 y 16 años (15 mil, según datos recientes) fueron recibidos en los tres planteles del CCH, un modo sui generis de abordar las ciencias y las humanidades en nivel bachillerato. Ese lunes 12 de abril profes (450) viajaron hacia Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.

uién habría imaginado que buen número de los problemas más arduos relacionados con la pandemia correspondería al elemento que, en la actual coyuntura, ofrece la más sólida perspectiva de dejarla atrás: las vacunas. En el primer año de la pandemia, las vacunas fueron vistas como oportunidad de colaboración científica abierta a todos y en favor de todos, como campo privilegiado de cooperación multilateral. Se han revelado, en cambio, como campo de batalla, como ámbito de afirmación de posiciones cerrada-mente nacionalistas, como escenario de competencia irrestricta, despiadada. En la primera mitad de marzo, con el inicio del año dos de la pandemia, se desató una suerte de tormenta perfecta en torno a las vacunas: la mayoría de los países europeos, sobre todo occidentales, suspendió por un tiempo la aplicación de la desarrollada por Oxford-AstraZeneca, una de las tres más utilizadas; esta decisión, adoptada por cada uno se esos países, se predicó en informaciones que relacionaban su empleo con unos cuantos casos –algunos fatales– de problemas de coagulación o hemorragias internas; la empresa negó ese aserto al señalar que en Europa (incluso Reino Unido) ya se han aplicado más de 17 millones de dosis; la autoridad europea de salud inició una pesquisa urgente; la OMS indicó que el riesgo, de existir, era mucho menor al derivado de lentificar el ritmo de vacunación y alentar las actitudes opuestas a la inmunización, manifiestas en diversas latitudes.

a investigación abierta y prisión preventiva contra Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia –ex dictadora para mayor exactitud–, y dos ex integrantes de su gabinete, acusados de sedición, conspiración y terrorismo por los hechos que condujeron al golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo Morales, marca un hito fundamental en el restablecimiento del régimen constitucional y de la justicia en ese país. Habría que añadir el efecto ejemplarizante que el hecho tiene para América Latina y el Caribe, donde la impunidad ha sido la regla para los autores de las innumerables rupturas del orden democrático, incluyendo las más recientes contra presidentes de la ola progresista iniciada tras la elección de Hugo Chávez en 1998. Conviene recordar que Áñez se proclamó presidenta del Senado y más tarde presidenta de Bolivia en una sesión en la que sólo había nueve senadores y estaba ausente la mayoritaria bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Eso sí, recibió la banda presidencial de manos del jefe de las fuerzas armadas.