Xalapa, Ver., El plazo para que el gobierno de México respondiera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las inconsistencias en las investigaciones en torno al homicidio de la indígena Ernestina Ascencio, en febrero de 2007, venció, señaló el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y Kalli Luz Marina, organizaciones de la sociedad civil que llevaron el caso ante la institución internacional.

En un pronunciamiento público, señalaron que pese a la promesa del subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, de atender el caso, las autoridades no dieron respuesta.

A un mes de vencimiento del plazo para que el Estado remitiera a la CIDH las respuestas y propuestas comprometidas, las mismas no han sido recibidas por las peticionarias, añadieron.

Las peticionarias hemos solicitado a la CIDH la emisión del informe de fondo, determinando las violaciones de derechos humanos en que ha incurrido el Estado mexicano en este caso y le formule las recomendaciones tendientes a garantizar a las víctimas.

El 25 de febrero de 2007, Ernestina fue encontrada herida de gravedad a 300 metros de un campamento militar, antes de perder el conocimiento pronunció en náhuatl Pinome Xoxome, esto es, los vestidos de verde. Al día siguiente murió.

El perito Pablo Mendizábal realizó la necropsia y aseguró que había sido violada por tres personas, tras analizar los rastros de líquido seminal; sin embargo, el 13 de marzo de ese año el presidente Felipe Calderón dijo que Ernestina murió por una úlcera y que no había rastros de violación.

Organizaciones de derechos humanos exigieron a las autoridades iniciar una investigación independiente con cargo al Estado mexicano, con la colaboración de instancias nacionales e internacionales.

En diciembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia en la CIDH, donde la Fiscalía General de Veracruz y representantes del gobierno de México reafirmaron que la muerte de Ernestina Ascencio se debió a anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo, y no a los daños ocasionados por la violación tumultuaria.

Ante ello, el organismo demandó al Estado mexicano responder preguntas tendientes a saber las razones del cambio del peritaje en el que se aseveró que la muerte sí era consecuencia de la violación a uno posterior en el que se señaló la anemia como su causa; además, información sobre las actividades del 64 Batallón de Infantería durante el día de los hechos en febrero de 2007, las bitácoras de éstas, quién estaba a cargo, así como si existían denuncias previas contra los integrantes de este batallón.

El Estado debía responder las cuestiones formuladas por la CIDH durante la audiencia, pero lo que se presentó fue una solicitud de 10 días de prórroga para remitir la información, la cual le fue concedida el día 7 de enero del presente año, venciendo el 17.