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La oposición en el Senado quiere potestad en el T-MEC; Morena la frena
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▲ La senadora Martha Lucía Mícher explicó en tribuna que corresponde al Ejecutivo designar al equipo de resolución de controversias comerciales.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de diciembre de 2020, p. 12

Morena frenó en el Senado una iniciativa de la oposición para que esa cámara designe a los especialistas para los comités de solución de controversias de los tratados internacionales, entre ellos el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el morenista Héctor Vasconcelos, resaltó que esa facultad es exclusiva del Presidente de la República , por lo que se requería una reforma constitucional.

Incluso, el proyecto de dictamen propone desechar esa iniciativa que reforma la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales, ya que no pueden darse nuevas facultades al Senado sin hacer una modificación a la Constitución para ese propósito.

Además, aludió, rebasa la esfera de atribuciones de este cuerpo legislativo, ya que el nombramiento de estos perfiles es facultad del Ejecutivo federal.

Pese al argumento, en reunión a distancia, senadores del PAN, PRI y PVEM insistieron en que se analice la modificación. La panista Alejandra Reynoso Sánchez estableció que se debe buscar el mecanismo para dar esta potestad al Senado, pues es su responsabilidad revisar la política exterior y analizar los tratados internacionales.

En el mismo sentido, la senadora del PRI Beatriz Paredes indicó que el Ejecutivo federal estará sujeto a las presiones de los grandes intereses y de los factores económicos que inciden en el T- MEC, por lo que es necesario el acompañamiento del Poder Legislativo con el propósito de tener espacios pertinentes de negociación, y no al viejo estilo, donde las decisiones se toman unilateralmente.

En respuesta, la senadora de Morena Martha Lucía Mícher Camarena comentó que la reforma invade las facultades exclusivas de carácter administrativo del Poder Ejecutivo y advirtió que la propuesta podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante la insistencia de panistas y priístas, se acordó posponer la resolución para consultar antes a constitucionalistas y representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía.