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Abogado del caso de vivienda demolida por la Sedema sí acreditó su defensa

Con antelación pidió la revisión del predio en el paraje Los Oyameyos sin que recibiera respuesta

 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2020, p. 44

Emmanuel García Hernández, abogado de José Luis de Regil, cuya casa fue derrumbada por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la alcaldía Tlalpan, sostuvo que acreditó su personalidad jurídica ante las autoridades e incluso solicitó un recorrido en el paraje Los Oyameyos.

El abogado mostró documentos enviados a Tomás Camarena Luhrs, director de Inspección y Vigilancia de la Sedema, en los que solicita una cita para revisar el expediente del predio; sin embargo, nunca recibió respuesta de las autoridades.

Además, en el documento señaló un domicilio para recibir información sobre el caso, aunque tampoco se le notificó acción alguna.

De acuerdo con la forma en que se han realizado los actos por parte del personal a su cargo sin justificación alguna, creemos que se trata de actos de molestia, así como de abuso de autoridad por las personas responsables de ejecutar las diligencias administrativas, se lee en la misiva enviada a Camarena Luhrs con sello de recibido.

En días pasados se dio a conocer el caso de José Luis de Regil Gaviño, cuya casa ubicada en San Miguel Topilejo fue derribada sin que su abogado haya tenido acceso a la investigación. Ahora, la defensa se ha dedicado a buscar dónde se encuentran sus pertenencias, pues la Sedema tampoco ha dado razón al respecto.

Sin previo aviso y sin presentar una orden judicial, trabajadores de la Sedema y de la alcaldía Tlalpan acudieron el 9 de noviembre a la calle Tepetzintla número 7 para demoler una casa ecológica de 60 metros cuadrados valuada en 1.5 millones de pesos.

Contra la tala ilegal

Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propusieron endurecer las sanciones y penas a quien efectúe tala inmoderada, derribe, destruya parcial, totalmente o cause la muerte de uno o más árboles en la ciudad.

La propuesta elevaría las penas hasta 12 años de prisión y 10 mil días de multa, es decir. 868 mil 800 pesos. Actualmente este delito ambiental se castiga con una pena de prisión que va de tres a cinco años y de 500 a 2 mil días de multa, o sea 173 mil 760 pesos.

Los legisladores recordaron que México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo, actividad que alcanza una afectación a 1.98 millones de hectáreas por año.

En la Ciudad de México los bosques más afectados son el del Ajusco, en Tlalpan, y Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta.