Soluciones para unos cuantos. Entre la tecnocracia hidráulica y la protección del capital

Hablar o escribir acerca del Río Santiago, que de acuerdo con el Tribunal Latinoamericano del Agua, es el más contaminado del continente, pareciera un argumento suficiente para que todos los esfuerzos institucionales, aunque sea por vergüenza, estuvieran abocados a deshacerse de tan deshonrosa mención, pero esto lamentablemente no ha sucedido. En 2008 hubo movilizaciones para exigir el cierre del basurero Los Laureles, por la contaminación que genera; a esto se sumaron la protestas por la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien luego de caer en aguas contaminadas de la presa El Ahogado, estuvo 18 días en coma. La Secretaría de Salud de Jalisco reconoció que la sangre del menor tenía altos niveles de arsénico. Desde entonces, la voz de los pueblos de El Salto y Juanacatlán se han hecho escuchar para pedir que se detenga la contaminación urbana e industrial que provoca enfermedades y muerte en sus habitantes.

La exigencia desde hace 12 años en nuestros pueblos, ha sido que se decrete la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria que implica poner un alto a las inversiones contaminantes, así como la implementación de un programa de restauración ecológica de la cuenca y la atención extraordinaria en materia de salud. En 2009, Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el sexenio de Felipe Calderón, rechazó nuestro reclamo y señaló que: “la declaración de una emergencia ambiental conlleva la parálisis de una cantidad de inversiones importantísimas en esta región […] e interesan, de manera fundamental, las inversiones”. Lo que dio a entender fue que, si bien es importante el medio ambiente, es más importante el capital industrial que nuestra salud y nuestra vida.

La respuesta que nos han dado desde entonces, es que tienen el “compromiso de limpiar” el Río Santiago de todos los tipos de contaminantes que le son arrojados, mediante plantas de tratamiento domésticas y con la buena voluntad de los industriales. A las movilizaciones y la protesta respondieron con un “plan de saneamiento” que contemplaba básicamente dos macroplantas: El Ahogado y Agua Prieta. El IMTA hizo una propuesta de saneamiento cuyo monto de inversión total era de nueve mil 403 millones de pesos para las cuencas de los ríos Santiago y Verde, incluyendo los recursos públicos, así como los de los industriales. Esta propuesta contradijo el plan de centrar la estrategia de saneamiento del Río Santiago en dos macroplantas. Según el estudio, se requería la construcción de 43 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de menor tamaño y 18 influentes de PTAR en operación. En suma, se han invertido aproximadamente cinco mil 770 millones de pesos, más costos de operación entre la PTAR Agua Prieta y El Ahogado, incluyendo tubos colectores y alcantarillado, así como obras asociadas, sólo para tratar residuos domésticos de manera insuficiente y degradando el cauce de la propia presa de El Ahogado.

La política de intervención en las problemáticas de la cuenca ha sido siempre desde la visión hidráulica y esta se ha vuelto insostenible. En el caso de Jalisco, según la propia Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), de las 271 PTAR que existen, tan sólo opera el 50.5%. El gobernador Enrique Alfaro ha planteado un nuevo y ambicioso programa: “Revive Río Santiago”. Este incluye algunos elementos interesantes a través de distintos ejes, sin embargo, el protagonista sigue siendo la gran infraestructura, con el 80% de la totalidad del presupuesto. Hemos denunciado que el eje de gobernanza que se supone iba a permitir incidir directamente en el proyecto a las comunidades afectadas y especialistas, ha sido una completa simulación. Aunque hubo apertura de algunos funcionarios como el secretario de medio ambiente o la secretaria de participación ciudadana, el peso de las acciones trascendentales, no está en sus manos, sino en los ingenieros civiles encargados de la gestión del agua.

Ahí recaen muchos de los problemas de la cuenca, además de la permisividad evidente con la que se ha tratado históricamente a las empresas que envenenan nuestros territorios. En Jalisco, los funcionarios públicos responsables de estos asuntos, han hecho que el manejo del agua sea algo exclusivo de los ingenieros civiles, pues solo se ha buscado que, a través de sus obras, se garanticen beneficios a los grupos de poder, mediante contratos millonarios para la distribución del agua bajo la lógica de mercado, tanto para el aprovechamiento de ésta como para las descargas, priorizando los usos urbanos e industriales, por encima de los derechos de las poblaciones nativas y de los campesinos. La inspección y vigilancia necesaria, tanto para revisar el estatus de las concesiones de extracción y descarga de agua, ha sido una debilidad premeditada para que los concesionarios y usuarios se autogobiernen.

La construcción de programas de restauración de cuencas con este nivel de degradación, no tendría que centrarse en una estrategia meramente hidráulica, habría incluso que irse desprendiendo de ella para reconocer a los ríos como ecosistemas y entes dinámicos. La nueva SEMARNAT tendría que diferenciarse de los antiguos titulares mediante un acto consciente de compromiso y justicia histórico para los pueblos del Río Santiago garantizándonos: 1) los decretos de zonas de emergencia ambiental para dejar de priorizar el capital por encima de la vida; 2) que la participación de las comunidades en las mesas de trabajo para la construcción de los programas de restauración deje de ser una simulación y se de paso a una verdadera estrategia en conjunto, de acuerdo a nuestras necesidades y 3) que los abordajes para esos trabajos se hagan desde una perspectiva interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial. •