a economía mundial será en 2021 de un tamaño menor que en 2019; se estima ahora que la cifra superaría el 6 por ciento. No podría ser de otra manera por el efecto adverso de la pandemia.

Esto dejará un saldo negativo muy elevado en el empleo y, en general, en la ocupación de la gente, así como en el ingreso y patrimonio de las familias. El entorno será inevitablemente de mayor desigualdad, lo que impondrá nuevas exigencias a los gobiernos, pero igualmente al sector privado. La recomposición post-Covid, cuando sea que ésta ocurra, será en un entorno social muy distinto y que hoy no es posible prefigurar de manera razonable.

Esta situación ha provocado una revisión significativa de los patrones de la política fiscal y monetaria en todas partes, aunque no del mismo signo. Esas redefiniciones son relevantes por su impacto inmediato y también en un plazo más extendido.

Las ramificaciones en el sector productivo, en la prestación de los servicios, el financiamiento, la utilización de los recursos y, sobre todo, la reabsorción de la población desempleada, más los nuevos entrantes al mercado de trabajo, provocarán muchas fricciones. A esto deben añadirse la forma en que se prestarán servicios básicos como los de la salud.

La política pública ya se ha ido redefiniendo desde finales de marzo pasado y deberá cumplir una función activa hacia adelante, aun si se consigue un mecanismo de vacunación efectiva, a gran escala y en el tiempo requerido. Eso es hoy aún desconocido, tanto en términos científicos y, en especial, en un sentido logístico que no puede perderse de vista. Las diferencias entre países y al interior de los mismos serán muy grandes al respecto.

En todo caso, lo que se ha advertido hasta ahora es que una política fiscal expansiva para proteger a la población y los negocios más vulnerables ha tenido un efecto positivo, pero cada vez su rendimiento económico y social es decreciente.

La presión que se genera sobre los recursos públicos es muy grande y el crecimiento de la deuda pública en muchos países es enorme. Esta cuestión impondrá una serie de nuevas condiciones y exigencias sobre los gobiernos.

La disyuntiva fiscal, es decir, sostener la austeridad en el gasto público, provoca otras circunstancias que, si bien consiguen mantener por ahora una relativa estabilidad en las cuentas públicas, genera vacíos de gran relevancia en otros ámbitos que, ineludiblemente, pasarán la cuenta a la sociedad en su conjunto. No puede esperarse que esta situación genere estabilidad económica ni social sostenible.

Hay estimaciones como las del FMI acerca de que aumentar la inversión pública en el equivalente a uno por ciento del PIB podría generar aumentos de mas de 2.4 por ciento en la actividad económica, con hasta 10 por ciento en la inversión privada y más de uno en el empleo.

Por supuesto que esto implica también el destino de esa inversión y su contribución a la productividad. La capacidad política y técnica que esto exige es importante. Lo que es ineludible es que los mercados no se ajustarán por sí mismos con la eficiencia requerida en el entorno económico y social prevaleciente. Un ambiente recesivo podría extenderse. El asunto esencial es que la población esté empleada, generado ingresos y recibiendo la atención que requiere. El balance de las repercusiones de la pandemia es un asunto que aún está pendiente y los escenarios son poco claros.

En México la política fiscal se encuentra definida desde el presupuesto federal de 2019 y las consecuencias están registradas, en 2020 la caída del PIB y del empleo serán grandes y para 2021 se ha previsto en general un escenario de contención fiscal. En el caso de la política monetaria, la gestión ha sido muy convencional en función de lo que ocurre.

Se cuidan, básicamente, las tasas de interés a fin de prevenir la inflación y se gestiona el tipo de cambio con ese mismo propósito y con el objetivo de evitar una mayor salida de capitales. Poco que ver con lo que hacen otros bancos centrales ampliando la liquidez, o sea, recursos para prevenir un colapso mayor en la actividad económica.

Por supuesto que las medidas fiscales y monetarias provocan episodios de alta especulación por los precios relativos de los activos. Mientras las tasas de interés en muchos países son negativas, crecen los precios de las acciones de Amazon y de empresas tecnológicas. Lo mismo pasa con el oro.

El caso es que la tasa de la inversión productiva es muy baja, la capacidad del gobierno de recaudar mediante los impuestos se reduce y la concentración del ingreso persiste.

En la más reciente decisión de política monetaria del Banco de México (12/11/2020) se consigna la recuperación que tuvo la economía en el tercer trimestre, que es un rebote dada la apertura de las actividades; se informa que la inflación aumentó marginalmente en octubre y que la expectativa es de un aumento del índice de los precios para este año. Se reconoce explícitamente que estamos muy por debajo en el uso de los recursos, la famosa holgura crónica de esta economía. En la redacción propia de este tipo de documento se plantea el escenario de los riesgos que enfrenta la economía y en general el planteamiento es sombrío y apocado; da la impresión de una cierta parálisis. La junta de gobierno decidió mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 4.25 por ciento.