Opinión
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Los de abajo

Justicia y garantías para periodistas

N

oviembre está resultando fatal para la libertad de expresión en México. Tan sólo en los primeros días han sido asesinados tres periodistas; y hubo dos baleados y dos golpeados en la represión policiaca contra la marcha feminista en Cancún. La violencia parece imparable. No hay autoridad que la pare, pues al parecer no hay gobierno al que le importe.

Con dolor e indignación se manifestaron los compañeros y compañeras de Israel Vázquez en Salamanca, Guanajuato, lugar en el que el periodista fue acribillado cuando cubría una nota sobre restos humanos abandonados en la vía pública. Israel es el comunicador 136 asesinado en México, pero no es un número, sino una voz menos y, por lo tanto, una audiencia que se queda para siempre sin su información.

Justicia y garantías para realizar el trabajo periodístico sin miedo, exigieron en Guanajuato. También en Chihuahua, en Quintana Roo, en Sonora y en el resto de estados en los que se han callado las voces a tiros, como le sucedió el 2 de noviembre a Jesús Alfonso Piñuelas Montes, periodista asesinado mientras conducía su motocicleta en Ciudad Obregón, Cajeme, uno de los distritos más violentos y peligrosos de Sonora, como lo consiga Reporteros sin Fronteras.

Arturo Alba Medina es el nombre del tercer periodista silenciado en los pasados días. El conductor de televisión fue acribillado dentro de su automóvil en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sus compañeros también han levantado la voz.

Cecilia Solís y Roberto Becerril son los nombres de los reporteros heridos de bala durante la marcha de mujeres que recibieron tiros como respuesta a su exigencia de justicia por el feminicidio de Alexis. En esa misma refriega fueron golpeados Santiago Hernández Rodas y Selene Huidrobo, de acuerdo al reporte de Comité para la Protección de los Periodistas.

Para poner fin a la espiral de violencia contra quienes ejercen el periodismo en México, se tiene que empezar por reconocer su existencia, algo tan simple como lejano para un gobierno federal que niega las violaciones a la libertad de expresión, que divide al gremio entre buenos y malos y que no ha combatido la impunidad como prometió hacerlo.

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