El presidente de la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, Raúl Bolaños Cacho-Cué, presentó un punto de acuerdo para que esa cámara condene los asesinatos de defensores ambientales en el país y solicite a la Semanart un informe de los avances y resultados obtenidos en las acciones de seguimiento a la atención de esas agresiones.

Bolaños denunció que México se ha convertido en un país peligroso para quienes defienden la tierra, el ambiente y el territorio, por lo que exigió instaurar mecanismos que permitan proteger los recursos naturales, salvaguardar la integridad física de las comunidades y de las personas que en ellas habitan.

Refirió que, de acuerdo con la Semarnat, los defensores ambientales generalmente están involucrados en conflictos socioambientales que presuponen una confrontación entre los intereses sociales y los intereses económicos. Hay una constante de movimientos que pugnan por la restitución de las tierras a los pueblos originarios, así como la conservación de las reservas forestales y de los centros ceremoniales.

El senador del PVEM dijo que esa dependencia señaló que en México existen más de 500 conflictos socioambientales, siendo el origen de los conflictos: forestal (37 por ciento), despojo del territorio (26), minería (16), proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, plantas eólicas e hidroeléctricas (12), proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua (5), denuncias (2), protección ambiental (1) y proyectos turísticos (1).

Subrayó que los defensores de la tierra y el ambiente se han visto en peligro al ser expuestos como personas que están en contra del desarrollo y como terroristas, situación que se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años.

Por ejemplo, recalcó, de acuerdo con un reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de 2012 a 2018 se produjeron 460 agresiones, de las cuales 36.5 por ciento correspondieron a amenazas, 17.5 por ciento a agresiones físicas, 17.2 por ciento a casos de criminalización, 14.6 por ciento a intimidación y 14.2 por ciento fueron homicidios.

Los estados en donde existe el mayor número de ataques en el periodo indicado son: Oaxaca (79), Sonora (49) y estado de México (48). El estado donde no se registraron agresiones fue Aguascalientes, detalló Bolaños.

Tan sólo a mayo pasado, se han registrado 11 asesinatos de defensores ambientalistas: tres en Michoacán, tres en Oaxaca, y uno en San Luis Potosí, Veracruz, Sonora, Guerrero y Baja California, respectivamente.