Santiago. La Cámara de Diputados de Chile aprobó por 130 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones una reforma constitucional que permite a los ahorrantes de los fondos de pensiones poder realizar un nuevo retiro de hasta 10 por ciento de sus recursos para jubilación, proyecto que pasa ahora al Senado.

Se trata de una derrota desastrosa para el gobierno de Sebastián Piñera, no sólo por oponerse frontalmente al proyecto, sino porque es la segunda ocasión que el Parlamento aprueba algo similar –la primera fue en julio reciente–, esta vez respaldado incluso por la mayoría de los diputados oficialistas, quienes admiten la insuficiencia y/o ausencia de socorro financiero gubernamental a las familias que perdieron sus ingresos a causa de la pandemia.

Cuando 84 por ciento de los legisladores aprueba un proyecto de ley que no es del gusto del gobierno, entonces queda muy claro que ese gobierno ha perdido el control incluso en los congresistas de su coalición. El retiro de este segundo 10 por ciento impactará negativamente en las pensiones futuras de los chilenos, especialmente de los más pobres, pero es la única salida rápida frente a la crisis económica, comentó a La Jornada el analista Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca.

“El gobierno, en lugar de generar un plan de apoyo para las personas más afectadas, sigue pensando que la reactivación económica –en términos gruesos– terminará por favorecer a estos sectores. Sin embargo, la reactivación económica no representa una ayuda inmediata para los más desposeídos”, añadió.

En respuesta a esa ausencia del Estado, es el Congreso el que decidió avanzar en este segundo retiro, dejando al gobierno arrinconado como minoría. El gran problema que acarrea todo esto es la forma en que el ministro de Hacienda (Ignacio Briones) enfrentará la discusión presupuestaria de aquí en adelante y la reforma al sistema previsional. Si los propios legisladores de su coalición le han dado la espalda, entonces su poder de negociación será nulo, agregó.

▲ Un manifestante chileno protesta en Santiago contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los ciudadanos han tomado las calles en múltiples ocasiones para denunciar las bajas jubilaciones que reciben.Foto Xinhua

A fin de año terminarán las ayudas directas –en promedio del equivalente a 102 dólares mensuales por integrante del grupo familiar desde julio a diciembre– para los hogares que subsisten de manera informal o con pensiones asistenciales, pero el gobierno ha sido incapaz de especificar cómo se propone continuar apoyándolas.

Obsesionados con contener lo que estiman es un deterioro excesivo de las cuentas fiscales –el déficit es de 9 por ciento del producto interno bruto (PIB)–, Piñera y su ministro Briones rehúyen comprometer gasto público, confiando en que la apertura de la economía vaya reponiendo los 3 millones de puestos de trabajo perdidos desde marzo.

Pero pese a machacar en lo que el gobierno dice haber hecho en materia financiera para apoyar a personas y empresas, los analistas advierten que apenas destinó la mitad del promedio –19 puntos del PIB– dedicado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o sea, 9 por ciento. Y que de ese guarismo, sólo 2 por ciento, unos 6 mil millones de dólares, fueron ayudas directas.

Cuando en julio quedó vigente un proyecto similar, casi 10 millones de personas retiraron el equivalente a 16 mil millones de dólares de sus cuentas previsionales y la inyección de ese dinero en la economía resultó vital para inducir una incipiente reactivación.

Más allá de todo, la aprobación del segundo retiro supone y marca el destino fatal del sistema de pensiones privado, absolutamente fracasado por las bajas pensiones que paga, en promedio de 150 dólares mensuales y principalmente inferiores para las mujeres.