La familia de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada en 2010 frente al palacio de gobierno de Chihuahua por exigir justicia en el caso del feminicidio de su hija Rubí Fraire, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que le dio un plazo de tres meses al Estado mexicano para que envíe sus observaciones sobre el tema.

En un pronunciamiento conjunto, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la organización Mexicanos en el Exilio, señalaron que el pasado 2 de noviembre la CIDH notificó de manera oficial a las autoridades del país sobre la denuncia interpuesta por los familiares de Escobedo Ortiz.

Los colectivos explicaron que la denuncia fue presentada ante el organismo en junio de 2019, y destacaron que la historia de Escobedo Ortiz es de especial relevancia en el actual contexto del país, donde tan sólo en junio pasado se registraron cifras récord de feminicidios, con un promedio de 10.3 al día.

Llevar el caso de Marisela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un compromiso con su familia y con su lucha, pero también es la vía para exigir al Estado que reconozca su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo particularmente en Chihuahua, indicó Ruth Fierro, directora del Cedhem.

Vanessa Coria, coordinadora jurídica del Cejil, consideró que el pronto traslado de la petición por parte de la CIDH muestra que este caso es prioritario y emblemático de las deudas del Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres. Agregó que no sólo refleja la continua impunidad persistente en los casos de feminicidio, sino también la falta de garantías de protección de las familias de las víctimas que buscan justicia.

Las organizaciones dijeron esperar que, tras la respuesta del Estado, la CIDH decida admitir el caso y que posteriormente encuentre responsable internacionalmente a México por la violación de los derechos humanos de Rubí Fraire, Marisela Escobedo y su familia. Con ello, esperamos que la caminata por el fin de la impunidad, que emprendió Marisela en 2010, continúe avanzando hasta alcanzar justicia, subrayaron.