Chilpancingo, Gro., En la aprehensión de la activista guerrerense Kenia Inés Hernández Montalván, integrante del colectivo Zapata Vive, por presuntos ataques a vías de comunicación, se coludieron los gobiernos del estado de México y de Guerrero, así como la Fiscalía General de la República, afirmó su abogado, José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

En conferencia de prensa, Lara Duque señaló que hay una campaña de las concesionarias de autopistas en el país para centrar en ella todo el castigo posible ante el método de protesta que consiste en liberar casetas en todo el país. Se intenta hacer de Kenia la mujer que va a recibir un castigo ejemplar por atreverse a protestar.

El litigante añadió que la luchadora social está siendo objeto de tortura sicoemocional en el penal de máxima seguridad de Morelos.

La mujer fue detenida el domingo 18 de octubre acusada de robo con violencia, debido a la acusación de un par de empleados de la caseta de La Hortaliza, en la autopista Toluca-Zitácuaro, quienes aseguraron que robó el dinero del peaje en ese puesto de cobro durante una protesta efectuada en febrero pasado.

Una juez de control del estado de México la vinculó a proceso y determinó la noche del sábado 24 de octubre que enfrentaría el juicio en libertad, previo pago de una fianza de 30 mil pesos; no obstante, cuatro horas después el juez de distrito José Miguel López Rodríguez, de Guerrero, giró en la causa penal 322/2020 una nueva orden de aprehensión por el supuesto delito de ataques a las vías de comunicación, presuntamente cometidos el 29 de marzo de 2019 en la caseta La Venta, en Acapulco, Guerrero, por lo que fue trasladada a la cárcel federal de ese estado.

▲ Kenia Inés Hernández, integrante del colectivo Zapata Vive, permanece presa en el penal federal de Morelos desde el 25 de octubre, acusada del delito de ataques a las vías de comunicación.Foto La Jornada

Lo que pasó, relató el defensor legal, fue que en ese lugar se llevó a cabo una manifestación para demandar la libertad de Gonzalo Molina, miembro de la policía comunitaria, pero ahora tratan de hacerlo pasar como un acto delictivo.

Posteriormente Kenia fue llevada al penal federal del estado de Morelos la noche del domingo 25 de octubre debido a que es beneficiaría del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos, a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual hace un año ordenó que Kenia Inés fuera sacada de Guerrero por amenazas de muerte, por lo que no puede permanecer en esa entidad, explicó el abogado.

Hizo énfasis en que la FGR, de manera dolosa, pretende hacer ver una protesta pública como un acto delictivo; es una persecución en la cual se han coludido los gobiernos estatales y y el federal por conducto de Caminos y Puentes Federales.