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Chile ante la oportunidad de reconstruir
H

oy los chilenos acuden a las urnas para una de las jornadas cívicas más relevantes de su historia, y sin duda la más importante desde que en 1988 votaron para desalojar del Palacio de la Moneda al dictador Augusto Pinochet. En el plebiscito para el que están convocadas 14 millones 800 mil personas, los ciudadanos expresarán si quieren dotarse de una nueva Constitución que remplace a la impuesta en 1980 por la dictadura y, en caso positivo, qué órgano deberá redactarla: una Convención constitucional cuyos miembros serán elegidos de manera específica para esta encomienda, o una Convención mixta, la mitad de cuyos integrantes serían parlamentarios en ejercicio autodesignados.

Aunque las leyes chilenas prohíben publicar encuestas de intención de voto 15 días antes de las elecciones, se prevé un triunfo abrumador para la nueva Constitución y la Convención constitucional. Ante este escenario, la derecha –que malamente oculta (cuando lo hace) su filiación pinochetista– apuesta por una descalificación prematura del plebiscito en caso de que se registre una reducida afluencia a los centros de votación, una estrategia no sólo tramposa en un contexto de pandemia que obliga a muchos ciudadanos a permanecer en casa y evitar aglomeraciones, sino de un cinismo inaudito en vista de que la actual Carta Magna fue redactada y aprobada sin un solo voto. Cabe esperar que la masiva afluencia popular a las urnas arrebate a los sectores más retrógrados incluso esta desesperada bandera.

Es imposible exagerar la importancia del ejercicio ciudadano para Chile y para Latinoamérica. El triunfo del Apruebo permitirá, por una parte, arrancar la urgente transición a la democracia, truncada desde hace más de tres décadas en razón de que los gobiernos formalmente democráticos emanados de sucesivos comicios debieron regirse –en no pocos casos, de manera gustosa– por un entramado institucional diseñado a la medida de un régimen autoritario y de sesgo explícitamente oligárquico. Además, la redacción de un nuevo texto constitucional brindará a la sociedad chilena la oportunidad de sacudirse el yugo del neoliberalismo, un sistema de concentración del capital a través del brutal expolio de las mayorías impuesto por primera vez en Chile, al que Pinochet convirtió en laboratorio y campo de pruebas de la mercantilización más salvaje. En este sentido, debe recordarse que los principales postulados del pensamiento neoliberal quedaron petrificados en la Constitución, la cual impide la organización de los trabajadores, codifica la subordinación del Estado ante los actores privados, y niega el cumplimiento de los derechos humanos al supeditarlos al poder adquisitivo de los individuos.

Sin embargo, incluso con el previsible triunfo popular, queda mucho camino por delante: debe elegirse a los integrantes de la Convención, redactarse el nuevo texto y ratificarlo en un plebiscito programado para 2022. Se da por descontado que la derecha hará cuanto esté a su alcance para sabotear cada etapa del proceso constituyente a fin ya sea de descarrilarlo o de volver la nueva Constitución indistinguible de la actual. Sólo queda hacer votos porque todos los intentos de sabotaje e intimidación sean barridos por la ola ciudadana que se ha gestado desde que los estudiantes de nivel medio inundaron las calles para exigir su derecho a la educación en 2006, y que el 19 de octubre de hace un año se convirtió en un inextinguible clamor para echar abajo el régimen de simulación, erigir una democracia digna de ese nombre y avanzar hacia un verdadero Estado social.