El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous Loaeza, descartó que se prepare un incremento en las tarifas del transporte público, pese al aumento en los costos de operación, particularmente las continuas alzas en los precios de los combustibles que se registraron en la pasada administración, a partir de acuerdos del gobierno de la ciudad con las rutas y corredores.

Destacó que a los transportistas se les apoya con un bono de combustible, de entre 4 mil y 6 mil pesos al mes, y se entrega para cada unidad –alrededor de 17 mil– y que va acompañado de un proceso de regularización de microbuses y autobuses, lo que ha permitido tener un expediente digitalizado de cada uno, sobre los cuales se realizan revisiones físicas para verificar que coincidan.

Afirmó que estas acciones tuvieron lugar durante la emergencia sanitaria por Covid-19, sin corrupción y con un trato digno a los concesionarios y operadores.

En su comparecencia ante la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso capitalino, el funcionario resaltó que el transporte público ha mantenido a la ciudad en movilidad en los momentos más difíciles de la pandemia, y entre las lecciones que ha dejado, es que muchos viajes que parecían necesarios pueden cancelarse o sustituirse, la saturación de vialidades y aglomeraciones en el transporte público en horas pico se han reducido y es probable que puedan mantenerse así de forma permanente.

Agregó que se analiza con seriedad la petición de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de evaluar la posibilidad de dejar la ciclovía provisional que se instaló en avenida Insurgentes, que estimó costaría alrededor de 90 millones de pesos, pero aclaró que en dicho proceso tendrán que tomarse en cuenta todos los impactos y la opinión de los usuarios.

Refirió que se ha avanzado en la digitalización de trámites, con lo que no sólo se ha reducido el tiempo de atención a los ciudadanos, sino que hemos dado un duro golpe a la corrupción y a gestores que vendían trámites irregulares, lo que contribuye a reducir la evasión fiscal y mejorar los mecanismos de sanción.