Santiago. El lanzamiento de un manifestante menor de edad al Río Mapocho, en Santiago, por un efectivo de Carabineros, terminó de evidenciar el estado terminal de descontrol en que se encuentra la policía militarizada chilena, permeada por la corrupción y la delincuencia, al punto que el gobierno admitió la necesidad de una reforma integral de la corporación.

El jefe de gabinete y ministro del Interior, Víctor Pérez, además de recalcar la urgencia que requiere un proyecto de ley para garantizar probidad y transparencia en la policía, anunció la convocatoria a una comisión integrada por los poderes del Estado y organismos civiles para “acelerar todo el proceso de reforma a Carabineros.

Esta semana formalizaremos esa unidad coordinadora que tiene por objeto modernizar, reformar a Carabineros, institución muy importante de la república fundamental para mantener la tranquilidad ciudadana y por lo tanto esencial para que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI, señaló.

No es caso menor, pues la presidencia de Sebastián Piñera ha logrado sustentarse el último año en el uso y abuso de las fuerzas policiales para contener y reprimir sin contemplaciones el alzamiento social del 18 de octubre de 2019, respaldando con firmeza al cada vez más cuestionado general director Mario Rozas, quien ha avalado la violencia con que la tropas a su cargo responden a las multitudes.

Rozas, oficial de menor importancia, fue ascendido al más alto cargo por Piñera en diciembre de 2018, después de una purga masiva del alto mando incriminado por corrupción y falseamiento de pruebas en el caso del asesinato de un poblador mapuche.

Su destitución es demandada por organizaciones civiles y la oposición, a la vez que el propio ministro Pérez, que se había jactado de que la policía reformuló sus ordenanzas de actuación, está amenazado con una acusación constitucional para destituirlo.

El analista Ernesto Águila, director de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, comentó que lo ocurrido al atardecer el viernes no es un hecho aislado de violencia policial.

Carabineros es desde sus orígenes una policía militarizada, por definición doctrinaria, tipo de disciplina y de armamento que utiliza. Nació en 1927 de un regimiento militar. No es una policía concebida para resguardar la expresión democrática de los ciudadanos o para proteger el orden público con sentido democrático. Es un cuerpo pensado para reprimir la protesta social, explicó.

Además, aún queda en su interior una noción de la protesta social como enemigo interno, producto de los años de dictadura ( 1973-1990).

Hoy lo que se está planteado es una disolución de Carabineros y su remplazo por una fuerza policial distinta, acorde con estándares de respeto de derecho humano, de carácter civil, efectivamente subordinada al poder civil, protectora de la expresión democrática de los ciudadanos, indicó.

La descomposición de Carabineros es tan evidente como que son los protagonistas del más escandaloso delito de corrupción y fraude a las finanzas públicas ocurrido en toda la historia del país. Se trata de un caso detectado en 2017 y que involucra a 133 ex uniformados y civiles, incluida una docena de generales, quienes dieron forma a una asociación ilícita que robó 40 millones de dólares del presupuesto policial.

Procesado y acusado

Pero todo tiene su límite y llegó este fin de semana, cuando la evidencia rampante del actuar policial hizo que la Fiscalía, en tiempo récord, formalizara por cargos de homicidio frustrado al carabinero que aventó sin miramientos desde una altura de unos cinco metros al joven de 16 años que participaba en una protesta.

El uniformado Sebastián Zamora, identificado como quien empuja al adolescente del puente Pío Nono al cauce del río Mapocho, quedó en prisión preventiva.

La procuradora Ximena Chong afirmó que el imputado abandonó a la víctima y que mintió a la Fiscalía; además, relató que el uniformado se abalanza en diagonal contra el adolescente y lo toma en brazos de tal forma que lo eleva sobre la baranda y lo hace caer.